Más de 20 organizaciones religiosas e instituciones basadas en la fe de Estados Unidos pidieron un cambio en la política de la administración de Joe Biden hacia Cuba, a cuyo pueblo intenta hoy estrangular con el bloqueo.
«La actual política estadounidense de estrangular a la sociedad cubana con un embargo (bloqueo) económico para obligarla a derrocar a su gobierno es moralmente inaceptable y contraria a nuestra fe, así como a los principios básicos de derechos humanos», expresaron en una carta dirigida a Biden.
El texto, que circula en medios digitales, subrayó la “profunda preocupación por la difícil situación del pueblo cubano” y los efectos de la fallida política exterior de Washington hacia el país caribeño.
“Es crucial que su administración elimine a Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo y acelere el procesamiento de la asistencia de las organizaciones humanitarias”, subrayó la misiva.
Los firmantes consideraron que tal decisión ayudaría no solo a salvar vidas, sino que también promovería los objetivos declarados de la política exterior estadounidense de defender los derechos humanos (de los que se autovanagloria).
Reincorporar a Cuba a la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo en enero de 2021, días antes del final de la presidencia de Donald Trump, “fue un grave error y ha tenido un efecto enormemente perjudicial sobre el pueblo cubano”, añadieron.
Argumentaron que esto llevó a “bancos, instituciones financieras y proveedores internacionales a retirar el apoyo al comercio regular y la colaboración con grupos religiosos que brindan ayuda humanitaria en Cuba”.
Como resultado, “la capacidad de nuestras denominaciones y organizaciones religiosas para ofrecer asistencia crucial y ayuda financiera a los socios cubanos se ha visto gravemente limitada”, enfatizó la carta al insistir en los obstáculos que crea la designación en esa lista unilateral y arbitraria de la Casa Blanca.
“Nuestra política actual hacia Cuba es un factor importante que impulsa esta tendencia migratoria”, advirtió la misiva.
En su exhortación a Biden los firmantes fueron claros: elimine a Cuba de esa lista, tome medidas para poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero y avance en la normalización de las relaciones con Cuba.
Cuba entró por primera vez en la lista de patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado durante la administración del presidente Ronald Reagan en 1982.
En 2015, el entonces mandatario Barack Obama dijo que esa designación no tenía mérito y retiró al país de la nómina, lo que revirtió Trump el 12 de enero de 2021, como una de sus últimas disposiciones antes de salir de la Casa Blanca.
Congresistas y representantes de organizaciones religiosas estadounidenses exigen la exclusión de Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo
Foto: Misiones diplomáticas de Cuba
De moralmente inaceptable y contraria a su fe, así como a los principios básicos de derechos humanos, calificaron al bloqueo más de 20 organizaciones religiosas e instituciones basadas en la fe, a través de una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
En la misiva –citada por Prensa Latina– denuncian el interés de esa política de estrangular a la sociedad cubana para obligarla a derrocar a su Gobierno, y expresan una «profunda preocupación por la difícil situación del pueblo cubano».
Piden, además, que la administración estadounidense elimine a Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, cuyas consecuencias han sido graves para la economía nacional, en tanto ha llevado a «bancos, instituciones financieras y proveedores internacionales a retirar el apoyo al comercio regular y la colaboración con grupos religiosos que brindan ayuda humanitaria en Cuba».
El mismo reclamo es impulsado por varios congresistas estadounidenses, a los cuales el miembro del Buró Político del Partido y ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, agradeció –a través de la red social X– los esfuerzos, y ratificó que «esa espuria lista es una vía más para mantener el criminal castigo sobre el pueblo cubano».
#DonaldTrump, el republicano que aspira a ganar las elecciones de noviembre próximo y hacerse, por segunda vez, de la presidencia de Estados Unidos, aseguró que, ya instalado en la Casa Blanca, comenzará una deportación masiva de inmigrantes. Dijo que pudiera llegar a 20 millones durante su mandato, y que, para ello, usará la Guardia Nacional y el Ejército.
Esas afirmaciones las hizo al margen de las sesiones del Tribunal que lo juzga por uno de los varios delitos que ha cometido, tanto en su época de mandatario como en su cotidiana actividad de empresario, aferrado a hacer crecer su fortuna, que, según la revista Forbes, sobrepasa los 2 500 millones de dólares.
En estas circunstancias, los migrantes se han convertido, en Estados Unidos, en reos de una política que los hace pender de una fina cuerda.
Hay que recordar que estos seres humanos, identificados como inmigrantes, entre los que se incluyen niños, mujeres, hombres, de las Américas, de Asia o de África, arriban a esa especie de «bonanza prometida», luego de una trayectoria con estremecedoras escenas de peligros y de muerte. Todos se han propuesto llegar hasta allí con la imagen grabada del idializado «sueño americano».
Pero, cada vez más, una cantidad mayor encuentra el fin de su vida, ya sea en el tránsito por la selva, víctima de coyotes y traficantes, o se ahoga al tratar de cruzar el río Bravo. También mueren por inanición.
En la disputa política, los aspirantes a la presidencia, o a ocupar otros cargos dentro del Gobierno federal o las administraciones estaduales, han usado, y siguen usando, el tema migratorio como mecanismo político y electoral. Con ello buscan inclinar la balanza de los votos a favor de uno u otro contendiente.
En ese ambiente –bastante tóxico– unos esperan la vuelta de un reciclado gobierno republicano de mano dura, que dé continuidad al muro divisorio en la frontera sur –al estilo Apartheid– y otros prefieren que se mantenga la inercia actual. En ambos casos, no se pone coto a la cifra de muertos en el tránsito migratorio hacia territorio estadounidense.
Lo real es que hoy, cuando faltan seis meses para que se decida quién llevará las riendas de la Casa Blanca, una noticia –llegada del estado de Texas– expone la situación crítica de una ciudad estadounidense en la que la cantidad de inmigrantes muertos en la travesía hacia ese país crece por día, lo que ha colapsado las morgues y otros recursos necesarios para enfrentar el problema.
Un despacho noticioso de rt, fechado en Texas, refiere que es uno de los lugares más mortíferos en el límite entre EE. UU. y México, repleto de cadáveres de inmigrantes fallecidos en el intento de cruzar la frontera. La migración ha elevado los decesos a una cifra sin precedentes en el condado de Maverick, comunidad fronteriza que es la zona cero de la disputa entre Texas y la administración de Joe Biden, reseña ese medio.
Ante la situación, las autoridades se han visto obligadas a usar un remolque frigorífico, adquirido durante la pandemia de la COVID-19, para albergar a 28 cuerpos, refiere la publicación.
Algunos son enterrados sin que sus familias sepan qué les pasó, pues la falta de identificación impide que sean notificadas. Los funcionarios del condado afirman que no tienen capacitación ni los suministros necesarios para recolectar muestras de adn de cada persona no identificada, como exige la ley estatal.
Intelectuales, artistas y políticos de Iberoamérica solicitaron este sábado a Ecuador liberar al exvicepresidente Jorge Glas, quien hace un mes se encuentra detenido tras el asalto a la embajada de México en Quito.
La invasión de territorio mexicano tuvo como objetivo el secuestro de Glas, perseguido judicial y políticamente desde hace siete años y que se encontraba en calidad de asilado en esa sede diplomática, afirma una carta divulgada este sábado con 161 firmas.
La misiva cuenta con el respaldo de los expresidentes Alberto Fernández, de Argentina; Ernesto Samper, de Colombia; Evo Morales, de Bolivia; Rafael Correa, de Ecuador; José Luis Rodríguez Zapatero, de España.
A ellos se sumaron el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el trovador cubano Silvio Rodríguez, el secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), Jorge Arreaza, entre otras personalidades de Ecuador, Estados Unidos, España, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Chile Paraguay y Cuba.
“Exigimos el inmediato retorno a la situación previa al asalto en contra de la embajada de México, reponiéndose el estatus de asilado político a Jorge Glas”, reclaman en el texto, donde piden que se le otorgue al exfuncionario ecuatorianos el salvoconducto correspondiente para trasladarse “sano y salvo” a territorio mexicano.
Los firmantes manifestaron preocupación por la salud e integridad física del exvicemandatario y responsabilizaron por su seguridad al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, “autor de su secuestro”.
El pasado 5 de abril, efectivos de la Policía Nacional irrumpieron en la embajada mexicana en Quito y tomaron por la fuerza a Glas, una intervención condenada por la comunidad internacional y que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países.
Ni las dictaduras militares se atrevieron a perpetrar una agresión de este tipo que, en este caso, fue instruida desde la más alta autoridad del Estado, aseveró la carta, en la cual agregan que Glas fue víctima de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Ante lo ocurrido, México acusó a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que la semana pasada escuchó consideraciones de ambas partes.
En su alegato de defensa ante la CIJ, el gobierno ecuatoriano intentó justificar su entrada violenta a la embajada con el argumento de que fue un caso excepcional y que el asilo político otorgado a Glas es ilícito porque sobre él pesan condenas por delitos comunes.
No obstante, México lo considera un perseguido político y asegura que el gobierno de Noboa infringió el artículo 22 de la Convención de Viena sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.
El presidente chino, Xi Jinping, partió hoy a Europa para realizar visitas de Estado a Francia, Serbia y Hungría, enfocadas en promover la cooperación y la confianza política mutua
Foto: Tomada de Prensa Latina
Beijing- El presidente chino, Xi Jinping, partió hoy a Europa para realizar visitas de Estado a Francia, Serbia y Hungría, enfocadas en promover la cooperación y la confianza política mutua.
La primera parada será París donde debe reunirse con su homólogo Emmanuel Macron para discutir a fondo las relaciones bilaterales, así como cuestiones internacionales y regionales de interés mutuo.
Así lo declaró el portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, quien ofreció algunos pormenores de la agenda del mandatario.
«Esta visita, que se produce después de cinco años desde la última de un líder chino a Francia, coincide con el 60 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, lo que la hace de gran importancia histórica», comentó el vocero.
Asimismo, Lin expresó el deseo de que esta sea una oportunidad para fortalecer la confianza política, mejorar la cooperación y llevar la asociación estratégica integral a un nuevo nivel.
«Serbia es el primer socio estratégico integral de China en Europa Central y Oriental, y la amistad entre los dos países es sólida y profunda», dijo el portavoz en referencia a la estancia en ese país.
Esta visita marca el retorno de Xi a esa nación después de ocho años y Beijing expresó su deseo de que ayude a consolidar la amistad firme entre los dos países, profundizar la confianza política mutua, ampliar la cooperación práctica y abrir un nuevo capítulo en los nexos bilaterales.
En otro momento, Lin Jian comentó que Hungría es un importante socio de China en la promoción de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y en cuanto a la colaboración con los países de Europa Central y Oriental.
El vocero resaltó el alto nivel en los intercambios y vínculos bilaterales, al tiempo que recordó que este año se cumple el 75 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.
Lin Jian manifestó su optimismo respecto a estas visitas, las cuales, opinó, ayudarán a fortalecer aún más los nexos entre China y Europa en general.
La Central de Trabajadores de Argentina-Autónoma y otras organizaciones sindicales y sociales impulsan hoy una campaña contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei.
Bajo el lema Un pueblo firme contra el DNU, la iniciativa pretende reunir firmas contra ese recurso, el cual está vigente desde diciembre pasado.
Entre las agrupaciones que respaldan la acción contra las políticas del Ejecutivo se encuentran Unidad Popular, la Asociación Trabajadores del Estado, el Servicio Paz y Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Liga por los Derechos Humanos.
También rechazan el decreto la Federación Judicial Argentina, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Hijos, la Asociación Americana de Juristas, el Partido Comunista, el Movimiento Popular Liberación y Encuentro Patriótico, entre otros.
El 70/2023 modifica o elimina más de 300 normativas y, aunque ya fue rechazado por el Senado, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 26.122, para su derogación es necesaria la desaprobación de ambas Cámaras del Congreso.
Si una de las dos no lo trata o solo una se muestra en desacuerdo, continúa activo.
Entre otros aspectos, dispone el desarme de leyes como la de alquileres, abastecimiento, tierras, promoción industrial y comercial.
También aprueba la reforma del régimen laboral, apunta a la privatización de empresas públicas, modifica el Código Civil y Comercial, cambia el marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales.
Por otra parte, quita el sistema nacional de comercio minero y del Banco de Información del sector, autoriza la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas y la implementación de la política de cielos abiertos.
El incumplimiento de la promesa hecha por el presidente Joe Biden a sus votantes, de cambiar la política del Gobierno de Estados Unidos hacia Cuba, fue un reclamo de casi 200 demócratas cubanoamericanos y cientos de estadounidenses, mediante una carta enviada a la Casa Blanca.
La misiva, publicada por la coalición de organizaciones contra el bloqueo Alianza por el Compromiso y el Respeto de Cuba (Acere, por su sigla en inglés), transmite la decepción por «su inacción, falta de coraje y sensibilidad para deshacer las drásticas e infundadas medidas ejecutivas impuestas por su predecesor (Donald Trump)».
En una entrevista con el canal nbc, de la Florida, en septiembre de 2020, Biden transmitió sus deseos de revertir «las políticas fallidas de Trump, que han causado daño a los cubanos y sus familias».
¿Fueron palabras vacías? En caso de que mantenga esta tendencia, los firmantes, quienes se describen a sí mismos como «estadounidenses preocupados» que ofrecieron su tiempo, donaciones y votos, escriben que Biden no contará ahora con el de su comunidad.
Sin embargo, de reanudar la política sensata y humana hacia Cuba, tendría a su favor mejores posibilidades para ganar, al recibir votos de una de las comunidades latinoamericanas con mayor participación electoral; y contribuiría a la necesidad de reducir la inmigración ilegal y otros intereses clave en esta región y el mundo.
«Necesitamos su valentía para implementar lo que la mayoría de la comunidad cubanoamericana y la abrumadora mayoría de los ciudadanos estadounidenses y del mundo creen que es lo correcto», escribieron.
Tratar de darle sentido a la política estadounidense hacia Cuba es como tratar de darle sentido a una obra de teatro del absurdo. Los argumentos ofrecidos por los defensores de esta política no tienen sentido y, cuando intentan explicarlos, suenan como personajes de una obra de Ionesco. Las recientes propuestas legislativas de miembros cubanoamericanos de la Cámara de Representantes son buenos ejemplos.
El representante Mario Díaz-Balart (R-Fla.), presidente del Subcomité de Asignaciones para Operaciones Extranjeras, y la representante María Elvira Salazar (R-Fla.), presidenta del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para el Hemisferio Occidental, propusieron recientemente nuevos sanciones que ponen cerrojo a la designación infundada de Cuba como patrocinador del terrorismo internacional, bloquean la asistencia al sector privado cubano con el argumento de que no existe y castigan a los países que acogen misiones médicas cubanas por practicar la “esclavitud moderna”. Las dos últimas propuestas se convirtieron en ley en el proyecto de ley de asignaciones generales aprobado el mes pasado para evitar un cierre del gobierno.
Cuba está en la lista de terrorismo del Departamento de Estado, a pesar de que el último Informe Nacional sobre Terrorismo de ese Departamento no ofrece evidencia de que La Habana participe en terrorismo internacional. Cita el hecho de que Cuba haya albergado a fugitivos estadounidenses que cometieron crímenes por motivos políticos en Estados Unidos hace más de 40 años. Mientras tanto, Estados Unidos acogió durante años a notorios exiliados cubanos como Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, culpables de innumerables ataques terroristas contra Cuba, incluido el bombardeo de un vuelo de una aerolínea cubana, matando a las 73 personas a bordo y el bombardeo de hoteles turísticos en La Habana.
Al principio de la administración Biden, la Casa Blanca dijo que estaba “comprometida a revisar cuidadosamente” la designación de Cuba, y en octubre de 2022, el Secretario de Estado Antony Blinken le dijo al presidente de Colombia Gustavo Petro: “Seguiremos revisándolas según sea necesario para ver si Cuba sigue mereciendo esa designación”. Pero apenas cinco meses después, dijo al Congreso: “No planeamos eliminarlos de la lista”. El subsecretario de Estado adjunto, Eric Jacobstein, dijo a un grupo de legisladores demócratas que, contrariamente a lo que les habían dicho anteriormente, no había ninguna revisión en curso de la designación de Cuba.
Cuando se le preguntó en una conferencia de prensa de 2023 por qué Cuba todavía estaba en la lista de terrorismo, un portavoz del Departamento de Estado respondió que se debía al “largo historial de atroces abusos contra los derechos humanos, la supresión de la libertad de prensa y la supresión de la sociedad civil” de Cuba, que ha nada que ver con el terrorismo internacional. El funcionario también reconoció, ajeno a la ironía, que los gobiernos de Estados Unidos y Cuba participan regularmente en conversaciones de cooperación antiterrorista bajo los auspicios de un acuerdo de aplicación de la ley celebrado durante la administración Obama.
El año pasado, Díaz-Balart se unió a Salazar para patrocinar un proyecto de ley que impide a la administración Biden eliminar a Cuba de la lista de terrorismo hasta que se convierta en una democracia multipartidista. Aunque es poco probable que el proyecto de ley se convierta en ley en este Congreso, su desprecio por los criterios legales para designar a un país como patrocinador del terrorismo recuerda la declaración de Humpty Dumpty enAlicia en el país de las maravillas : “Cuando uso una palabra, significa exactamente lo que yo elijo que signifique”.
Díaz-Balart tuvo mejor suerte con la apropiación general. Cuando el Congreso no logra hacer su trabajo al aprobar los 12 proyectos de ley de asignaciones que financian al gobierno, recurre a asignaciones generales que agrupan todos los proyectos de ley inacabados en un solo proyecto de ley que debe aprobarse para evitar un cierre del gobierno. Todo tipo de medidas dudosas se abren paso en los créditos generales porque simplemente no hay tiempo para filtrarlas todas. Como presidente del Subcomité de Asignaciones para Operaciones Extranjeras, Díaz-Balart estaba perfectamente posicionado para insertar nuevas sanciones a Cuba en el ómnibus.
La asignación ómnibus prohíbe a la administración Biden apoyar al emergente sector privado cubano de unas 10.000 nuevas empresas, a pesar de que promover la empresa privada ha sido la política estadounidense durante los presidentes Obama, Trump y Biden. El representante Salazar llama al sector privado un “mito” porque algunas de las empresas son propiedad de familiares de funcionarios del gobierno, aunque la gran mayoría no lo es. Hace un año, Díaz-Balart obligó a la administración Biden a abandonar sus planes de ayudar al sector privado al amenazar con bloquear la ayuda a Ucrania. Su lenguaje sobre asignaciones , ahora ley, bloquea la financiación estadounidense para “la promoción empresarial, la reforma económica [o] el espíritu empresarial” en Cuba.
Otra disposición de la asignación ómnibus castigaría a los países que pagan a Cuba por brindar servicios médicos con el argumento de que dichos contratos constituyen una “ esclavitud moderna ”. Desde la década de 1960, Cuba ha enviado unos 400.000 profesionales médicos a prestar servicios en 164 países, pero en las últimas dos décadas los contratos de servicios médicos se han convertido en una importante fuente de ingresos en divisas.
En 2006, el presidente George W. Bush comenzó a ofrecer entrada a Estados Unidos y un camino rápido hacia la ciudadanía para incitar a los médicos cubanos que prestaban servicios en el extranjero a desertar. Algunos de los que desertaron criticaron la presión ejercida sobre ellos para servir en el extranjero, las duras y restrictivas condiciones laborales y el porcentaje de los honorarios contractuales que recibían. Por el contrario, los médicos que participan en los programas informan que se ofrecieron como voluntarios porque los salarios son significativamente más altos que sus salarios en Cuba y por el deseo de ayudar a las personas necesitadas.
Durante la administración Obama, personal médico estadounidense y cubano trabajaron juntos en Haití después del terremoto de 2010 y en África occidental para luchar contra el brote del virus del Ébola . El presidente Obama, en su discurso de 2016 al pueblo cubano, elogió el internacionalismo médico de Cuba y dijo: «Nadie debería negar el servicio que miles de médicos cubanos han brindado a los pobres y a los que sufren». Pero los republicanos cubanoamericanos lo niegan.
La versión original de la Cámara de Representantes de la asignación para operaciones extranjeras que salió del subcomité de Díaz-Balart y fue aprobada por la Cámara habría cortado la asistencia de Estados Unidos a la Organización Panamericana de la Salud y a todos los países y organizaciones internacionales que tienen contratos médicos con Cuba. Esas disposiciones no llegaron a formar parte de la legislación general final. Pero el proyecto de ley aprobado niega la entrada a Estados Unidos y amenaza con sanciones financieras contra “funcionarios de gobiernos extranjeros y sus familiares inmediatos” cuyos gobiernos tengan contratos de servicios médicos con Cuba.
Cuba tiene personal médico que presta servicios en el extranjero en docenas de países, incluidos México, Italia, Qatar, Jamaica, varios estados más pequeños del Caribe e Irlanda del Norte. ¿Es realmente de interés nacional de Estados Unidos prohibir la entrada de sus funcionarios gubernamentales a Estados Unidos? ¿Sobreviviría a tal prohibición la indispensable cooperación de México en materia de migración y narcotráfico? Afortunadamente, durante las negociaciones sobre el proyecto de ley general final, prevalecieron las cabezas más frías e hicieron que estas sanciones estuvieran sujetas a una exención presidencial. Pero siguen siendo la ley del país, y Washington se arroga una vez más el derecho de sancionar a otros países por sus relaciones con Cuba, como si ni su soberanía ni la de Cuba contaran para nada en Washington.
Ése es el último absurdo de la política de Estados Unidos hacia Cuba. No es sólo que gran parte de esto se base en premisas falsas y hechos distorsionados. Es que un pequeño grupo de legisladores cubanoamericanos conservadores, obsesionados con reducir a Cuba a la miseria, han podido dictar políticas que dañan intereses más amplios de Estados Unidos en América Latina, Europa y el Sur Global. Se salen con la suya porque ningún tema es más importante para ellos que Cuba, y Cuba no es lo suficientemente importante para Biden como para enfrentarlos.
Estas pólizas no son gratuitas. Como agua que gotea sobre una piedra, erosionan gradualmente la buena voluntad de otros países, disminuyendo el “poder blando” de Washington. La acumulación de daños queda reflejada en la votación anual en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la resolución de Cuba que condena el embargo estadounidense. Cuando la resolución se presentó por primera vez en 1992, fue aprobada con 59 países a favor, 3 en contra (Estados Unidos, Israel y Rumania) y una mayoría, 71 abstenciones. El año pasado 187 países votaron a favor de la resolución . Ucrania se abstuvo y sólo Israel se unió a Estados Unidos en el voto no.
Cuando los patriotas estadounidenses declararon su independencia de la corona británica, detallaron sus razones en la Declaración de Independencia por “un respeto digno a las opiniones de la humanidad”. Ese respeto no es una virtud que los políticos de Washington deban abandonar sólo porque Estados Unidos se ha convertido en una superpotencia.
El Centro de Investigaciones de Política Internacional convocó hoy a la XXII Edición de la Serie de Conversaciones “Cuba en la Política Exterior de Estados Unidos de América”.
El encuentro, coauspiciado por el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, se realizará de forma presencial los días 17, 18 y 19 de diciembre del 2024 coincidiendo con el décimo aniversario de los anuncios realizados por el presidente Barack Obama y el presidente Raúl Castro el 17 de diciembre de 2014.
Bajo el lema “El camino hacia una relación diplomática: Diez años después”, la cita tendrá lugar poco tiempo después de celebrarse las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
También en un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos cuyas consecuencias a corto, mediano y largo plazo forman parte de los nuevos debates a nivel mundial, indicó la convocatoria.
La experiencia acumulada por expertos y estudiosos enriquecerá el debate sobre los retos de una relación compleja, marcada por tensiones recurrentes, y a la vez permitirá poner énfasis sobre los beneficios de una convivencia respetuosa que tiene efecto sobre terceros.
Las actividades serán trasmitidas en directo por las plataformas digitales y habrá la opción virtual para los que no puedan hacerlo presencialmente.
El Comité organizador ofrece los correos electrónicos eventoscubausa@gmail.com o mairarelova456@gmail.com a los interesados en participar.
La cuestión de la movilización representa un obstáculo para la nación, mientras las autoridades siguen «pasándose la pelota» en relación con una nueva ley, cuyo tratamiento se encuentra atascado en el Parlamento, recoge el medio.
Soldados ucranianos en la región rusa de Donetsk, el 23 de marzo de 2024.Wolfgang Schwan / Anadolu / Gettyimages.ru
Ante la falta de ayuda militar de los aliados occidentales, los avances de las fuerzas rusas en el frente y la tensa situación en la política interior, Ucrania no pierde las esperanzas, señala Politico este martes, al tiempo que se pregunta si el país no estará en peligro de perderse a sí mismo.
Ayuda de Washington
El medio afirma que el volumen de armas entregadas es suficiente solo para defenderse, no para ganar el conflicto. Con respecto al proyecto de ley trabado en el Congreso de EE.UU., que prevé unos 60.000 millones de dólares en el apoyo militar al país eslavo, Kiev no pierde el optimismo, reseña Politico.
«Sería extraño que el paquete no se apruebe, ya que EE.UU. considera a Rusia como un oponente clave, e invertir en Ucrania es invertir en la reputación de EE.UU., en su dominio, en su capacidad para hacer cumplir las normas globales y asegurar que no se violen», aseveró el asesor del jefe de la Oficina presidencial de Ucrania, Mijaíl Podoliak.
Ayuda de Bruselas
Por su parte, la Unión Europea (UE) pretende compensar la «colosal desventaja» de municiones de artillería que padece Ucrania. No obstante, surgen nuevos interrogantes sobre el tiempo necesario para que los Estados miembros alcancen el consenso, así como también para proveer suministros al frente, indica el medio.
Además, se apunta que un fondo de unos 5.000 millones de dólares de la UE destinado a Ucrania resultó ser «un truco de contabilidad creativa sin ninguna aportación de dinero nuevo».
Tensiones internas
La destitución de Valeri Zaluzhny del puesto de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, decidida por el presidente del país, Vladímir Zelenski, provocó una ola de indignación entre los soldados y los civiles. «La gente estaba muy conmocionada y decepcionada por la decisión de Zelenski», declaró el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó.
«Lo que necesitamos en este momento es unidad. Necesitamos estar unidos en torno a las personas en las que confiamos y Zaluzhny, durante dos años, nos ayudó con éxito a defender nuestra patria. Es el hombre de mayor confianza en Ucrania, y apartarlo de su puesto no estuvo bien», sostuvo Klichkó, y añadió que había llegado el momento de que el mandatario ucraniano dejara de depender de un reducido círculo de asesores y ampliara el Gobierno.
La cuestión de la movilización representa otro obstáculo para la nación, indica Politico. Las autoridades ucranianas se siguen debatiendo entre «engatusar o coaccionar a la gente para que se aliste en medio de la evasión del reclutamiento», reseña.
De acuerdo con la publicación, Zelenski, el Parlamento y el Ministerio de Defensa ucraniano continúan «pasándose la pelota» en lo referido a la ley de movilización, cuyo tratamiento parlamentario se encuentra atascado.
«Esto presenta a Moscú una ventana de oportunidad, en la que la escasez de mano de obra y munición de artillería impedirá a los ucranianos montar operaciones defensivas eficaces», concluyó Klichkó.
El Centro de Investigaciones de Política Internacional convocó hoy a la XXII Edición de la Serie de Conversaciones “Cuba en la Política Exterior de 
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