El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció hoy que el nuevo Informe Internacional sobre Libertad Religiosa 2022 de Estados Unidos pretende desacreditar a su país.
“En Cuba se reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. Las calumnias del reciente informe del Departamento de Estado pretenden desacreditar a nuestro país, con el interés de justificar las medidas inhumanas de bloqueo de Estados Unidos que violan los Derechos Humanos de nuestra población”, detalló el canciller en Twitter.
En diciembre pasado, tras la inclusión de la isla en la lista creada por Washington de países que supuestamente violan la libertad religiosa, las comunidades de la nación caribeña ratificaron sus derechos.
La jefa de la Oficina Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista, Caridad Diego, señaló en esa red social que las instituciones de fe de la isla gozan del derecho a practicar sus creencias, con apego a la Ley y el respeto entre todas.
En ese entonces, añadió que creyentes y no creyentes participan en el desarrollo de la sociedad como parte del pueblo al que pertenecen, y aseguró que muchas han sido y serán las actividades que ese sector organiza como parte de la libertad religiosa que la Constitución refrenda.
En el Podcast de Cubadebate estaremos hablando sobre un importante acontecimiento que tendrá lugar en Cuba el próximo 19 de abril: La constitución de la nueva Asamblea Nacional del Poder Popular, luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de marzo.
El proceso eleccionario desarrollado en los últimos meses en el país ha permitido a los electores cubanos, desde una posición protagónica, activa y determinante, legitimar a los diputados que constituirán próximamente la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Según los resultados divulgados por el Consejo Electoral Nacional, en las votaciones del domingo 26 de marzo fueron electos los 470 diputados que integraban la candidatura, quienes obtuvieron más de la mitad de los votos válidos como establece la ley.
Aunque la votación es el momento cumbre del proceso, de forma previa y posterior se suceden una serie de fases que involucran a diferentes actores del sistema político cubano y que muchas veces resultan determinantes en términos de calidad y legitimidad democrática. ¿Cuáles son los sujetos del sistema político que intervienen en cada etapa? ¿En qué consiste su participación? ¿La ciudadanía solo interviene en el momento del voto?
¿Cuáles son los diferentes procesos que tendrán lugar el día 19, incluyendo la elección de la dirección de la Asamblea Nacional, que es también la dirección del Consejo de Estado, así como la elección del Presidente y Vicepresidente de la República? ¿Qué requisitos deben cumplirse para ser Presidente y Vicepresidente?
Un informe sobre los derechos humanos en Estados Unidos tendría que incluir el tema de la tortura que fue práctica común en centros de detención clandestinos de la CIA entre 2001 y 2009 en varias partes del mundo, así como en la prisión de Abu Ghraib (en la imagen, en 2004) durante la invasión a Irak.
Ya que al gobierno estadunidense le gusta calificar y emitir informes sobre derechos humanos sobre otros países, aquí presentamos sólo algunos (faltan muchos) de los elementos de lo que tendría que estar incluido en un informe sobre los derechos humanos en Estados Unidos:
Encarcelación masiva: Estados Unidos, que se representa como campeón mundial de la “libertad”, es el país con la población más encarcelada del mundo, con casi 2 millones de sus residentes enjaulados; 25 por ciento del total mundial de reos. Los afroestadunidenses y latinos siguen siendo sobrerrepresentados entre esta población.
Tortura: Estados Unidos mantiene a un número de prisioneros en aislamiento solitario a veces durante años, práctica calificada por expertos de tortura. En otro rubro, ningún oficial o funcionario ha rendido cuentas por la práctica de tortura en centros de detención clandestinos de la CIA entre 2001 y 2009 en varias partes del mundo.
Ejecuciones oficiales: Estados Unidos es uno de sólo 20 en el mundo y el único de los países “avanzados”, que continúa aplicando la pena de muerte. En 2022 fueron ejecutados 18 reos en seis de los 50 estados.
Detención arbitraria: permanecen 36 reos musulmanes en Guantánamo, la mayoría sin cargos o juicios durante más de 20 años, violando el derecho internacional.
Derechos de las mujeres: jueces instalados por derechistas como Trump anularon el derecho constitucional al aborto a nivel federal, y por lo menos 18 estados revirtieron derechos de las mujeres sobre acceso al aborto y otros servicios de salud. Las mujeres indígenas continuaban padeciendo de manera desproporcionada actos de violencia sexual, asesinatos y desaparición.
Libertad de asociación: se han impulsado más de 80 iniciativas de ley en 36 estados que buscan limitar la libertad de reunión y manifestación.
Derecho a la libertad de expresión: en 2022 hubo 2 mil 571 intentos, numero récord, de prohibir ciertos libros –sobre todos los que abordan temas de la comunidad gay y de minorías– en bibliotecas y escuelas impulsadas por agrupaciones derechistas y gobiernos estatales, reportó la Asociación de Bibliotecas Americanas, incremento de 38 por ciento sobre el año anterior. En torno a los medios, el gobierno persiste en la persecución de Julian Assange; 15 periodistas fueron arrestados por la policía en 2022, en gran parte cubriendo protestas.
Explotación infantil: el Departamento de Trabajo descubrió 835 empresas empleando de manera ilegal a más de 3 mil 800 menores el año pasado y un incremento de 69 por ciento en niños ilegalmente empleados desde 2018 a la fecha.
Derechos laborales: en años recientes, casi la mitad de empresas que enfrentaron esfuerzos de sindicalización violaron leyes laborales al cesar a aquellos que estaban organizando sus centros de trabajo. La ley federal sobre derechos laborales no cumple con las normas internacionales sobre el derecho a la organización colectiva de trabajadores.
Derechos electorales: leyes para suprimir el voto de minorías se implementaron en 12 estados, y otras 408 medidas para limitar el voto se contemplaron en 39 estados en 2022, mientras el proceso electoral fue amenazado por fuerzas derechistas en varios estados (lo cual llego a su máxima expresión con un intento sin precedente de golpe de Estado impulsado por el entonces presidente Trump en 2021).
Impunidad: en los 20 años desde la guerra contra Irak, oficiales y funcionarios estadunidenses permanecen impunes de violaciones documentadas incluyendo ataques indiscriminados, detención secreta, desaparición forzada y tortura, acusó Amnistía Internacional. En casa, varias organizaciones denuncian la impunidad de autoridades por represiones de manifestaciones, uso excesivo de fuerza por la policía y encarcelamiento arbitrario.
Tal vez algunos países latinoamericanos podrían enviar una misión a Estados Unidos para evaluar y emitir un reporte sobre los derechos humanos en la casa del juez.
Fuentes: Amnistía Internacional; Human Rights Watch; ACLU, Death Penalty Information Center; American Library Association, US Press Freedom Tracker, Brennan Center for Justice.
Todas las acciones de Estados Unidos contra Cuba pretenden exterminar por hambre y necesidades al pueblo, no al gobierno. Es el pueblo quien sufre cada una de las medidas de guerra económica que aplican los yanquis, lo que resulta una total violación de los derechos humanos y que el mundo rechaza anualmente en la votación de la ONU, aunque no actúa para condenar al régimen yanqui, ni se toman medidas para obligarlo a cesar en su cruel empeño.
Por el contrario, la mayoría de los países que votan a favor de la resolución cubana, acatan las sanciones de Estados Unidos en su empeño inhumano contra el pueblo, entre ellas no invertir en la Isla ni permitir las transacciones bancarias, situación que obstaculiza el comercio exterior, incluida la adquisición de materias primas para fabricar medicinas destinadas a los enfermos.
La más reciente y despiadada medida contra el pueblo, fue presentada ante la Cámara Baja de Estados Unidos por la representante republicana María Elvira Salazar, y respaldada por el Comité de Relaciones Exteriores, órgano que tiene la autoridad para revisar y aprobar todas las legislaciones de carácter internacional que se presenten en esa entidad del Congreso.
El proyecto de ley propuesto por la representante de la mafia terrorista anticubana por Florida, pretende codificar la decisión presidencial de retirar a Cuba de la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo, para evitar que el presidente Joe Biden ceda ante las solicitudes de muchos países y personalidades mundiales, de sacar a la Isla de la misma, lo que había hecho Barack Obama en 2015 durante su presidencia.
La nueva inclusión en dicha lista estuvo a cargo del entonces presidente Donald Trump, en 2021, ante la influencia de la mafia anticubana de Miami, para que días antes de dejar el cargo apretara aún más la criminal guerra económica que según el Proyecto Cuba, aprobado por el presidente J.F. Kennedy, procura:
“Inducir al régimen comunista a fracasar en su esfuerzo por satisfacer las necesidades del país, junto a operaciones psicológicas que acrecentarán el resentimiento de la población contra el régimen paraderrocarlo, e instaurar un nuevo gobierno más aceptable para Estados Unidos”.
Ese objetivo lo planteó en abril de 1960 Lester Mallory, subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, cuando analizó la situación de la Revolución cubana y el mayoritario apoyo popular que tenía:
“El único medio previsible que tenemos hoy para enajenar el apoyo interno a la Revolución es a través del desencanto y el desaliento, basado en la insatisfacción y las dificultades económicas. Debe utilizarse prontamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba, negarle dinero y suministros para disminuir los salarios reales y monetarios, a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.
Quienes se sienten con el derecho para decidir quién viola los derechos humanos en el mundo o patrocinan el terrorismo, son precisamente los mayores violadores y terroristas del planeta, con irrefutables pruebas legales para ser condenados, pero imponen su criterio a base de sancionar y chantajear a otros gobiernos para que acepten servilmente sus medidas coercitivas, contra aquellos países que no se someten a sus órdenes imperiales.
Como estaba previamente acordado entre los mafiosos anticubanos en el Congreso yanqui, la propuesta de la representante Salazar también fue presentada en el Senado por sus compinches republicanos Marco Rubio y Rick Scott.
Con la experiencia precedente de las presiones ejercidas por esa mafia de Florida sobre el presidente Bill Clinton, obligándolo a firmar en 1996 la conocida como Ley Helms-Burton, que entregó al Congreso la decisión de levantar la guerra económica contra Cuba, llamada eufemísticamente “Embargo”, ahora aspiran a hacer lo mismo con el débil Joe Biden, quien sueña con ser reelegido y para ello busca el apoyo del estado de Florida que aporta 29 votos electorales.
A pesar de la fuerte campaña mediática desarrollada por la CIA y el Departamento de Estado contra Cuba, los actos de terrorismo ejecutados por el régimen de Estados Unidos no pueden ser borrados, entre ellos la voladura del buque francés en 1960, para evitar que la Revolución contara con las municiones necesarias para enfrentar la invasión mercenaria por Bahía de Cochinos, acto terrorista que dejó un saldo de 101 muertos y más de 200 heridos y otro número de desaparecidos; los incendios provocados por la CIA en varios centros comerciales, escuelas, cines, teatros y círculos infantiles; la propia invasión organizada y financiada por Estados Unidos que solo dejó muertes en el pueblo, siendo derrocada en 67 horas.
¿Se olvidaron de los 214 asesinatos cometidos por las 196 bandas que crearon en las montañas cubanas, incluidos 15 niños, 65 campesinos, 8 ancianos, 3 mujeres y 9 maestros voluntarios y alfabetizadores?
Un documento desclasificado, elaborado por el coronel Jack Hawkins, jefe de la sección de personal paramilitar en el centro de operaciones de la Fuerza de Tarea de la CIA para la Operación Cubana, afirma:
“Durante el período comprendido entre octubre de 1960 y el 15 de abril de 1961, se perpetraron alrededor de 110 atentados dinamiteros contra objetivos políticos y económicos, se colocaron más de 200 bombas. Se descarrilaron 6 trenes, se dejó inactiva la refinería de Santiago de Cuba durante una semana, como resultado de un ataque sorpresivo desde el mar. Se provocaron más de 150 incendios contra centros estatales y privados, incluidas21 viviendas de comunistas, y 800 incendios en plantaciones de caña”.
Sus informes plantean que en esa etapa introdujeron ilegalmente en Cuba:
“75 toneladas de explosivos y armamentos, mediante 30 misiones aéreas, más 46,5 toneladas en 33 misiones de infiltración marítima, para abastecer a grupos terroristas urbanos y bandas de alzados en zonas montañosas, creadas, entrenadas y financiadas por la CIA”.
El 6 de octubre de 1976, terroristas al servicio de Estados Unidos hicieron estallar, en pleno vuelo, un avión civil cubano, asesinando a 73 personas inocentes. Sus autores fueron acogidos en Miami como “refugiados políticos”.
La introducción de plagas y enfermedades contra las personas, la flora y la fauna cubana han sido múltiples, matando a seres humanos, especialmente niños, como sucedió con el Dengue Hemorrágico.
La lista de actos terroristas contra el pueblo cubano en muy amplia y el mundo debe conocerla a plenitud, para que sepa la verdad de quién patrocina realmente el terrorismo.
Las familias cubanas aún esperan por las condolencias del gobierno yanqui, causante de tantos muertos entre sus seres queridos.
Sería oportuno circular a los miembros del Congreso yanqui, una lista de esas acciones terroristas contra Cuba, para que conocieran lo que oculta su gobierno y la prensa de ese país.
Esas políticas de castigo afectan la población, al limitarles el acceso a alimentos y medicinas, y promover en ellos crisis humanitarias
Un informe de la Oficina de Información del Consejo de Estado de China acusó de violador de los derechos humanos a EE. UU., por imponer sanciones extremas y por largos periodos a Cuba, Siria e Irán, además de mantener abierta la cárcel en la ilegal base naval en Guantánamo.
Argumentó que esas políticas de castigo afectan la población de esos países, al limitarles el acceso a alimentos y medicinas, y promover en ellos crisis humanitarias, refirió la agencia Prensa Latina.
China definió a EE. UU. como el más prolífico sancionador del mundo, porque «tiene en vigor medidas contra más de 20 naciones, incluida Cuba desde 1962, Irán desde 1979, Siria desde 2011 y Afganistán en años recientes».
El texto recuerda que en noviembre último la ONU votó por trigésima vez para derogar el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba, con apoyo de 185 de los 193 miembros, lo cual manifiesta una fuerte condena internacional a tan crueles políticas de castigo.
El artículo mencionó la negativa de Washington para cerrar la cárcel abierta en la base naval en Guantánamo, en una porción de territorio ocupado a la Mayor de las Antillas. Detalló que allí existe un centro penitenciario con unos 780 reclusos sin juicio y con tratamiento inhumano.
El material recoge, en seis capítulos, los hechos, cifras y opiniones de expertos y organizaciones internacionales acerca del retroceso de EE. UU. en la protección de dichas garantías durante 2022, y cómo las continuas violaciones exacerbaron los problemas políticos, sociales y económicos dentro y fuera de su territorio.
Phnom Penh, 24 mar (Prensa Latina) De francamente infundado, sesgado y perjudicial en cuanto a su naturaleza política, calificó el Gobierno de Camboya el más reciente dossier de los Estados Unidos sobre derechos humanos, destaca hoy aquí el diario Khmer Times.
Los informes anuales de derechos humanos del Departamento de Estado norteamericano sobre otros países, incluida Camboya, exponen descaradamente un doble estándar en su práctica, particularmente en ausencia de su propio reporte de país, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Con más de 200 años de su propia versión de la democracia, Estados Unidos todavía enfrenta a diario abusos sistemáticos de los derechos humanos, entre ellos el racismo, los crímenes de odio, la brutalidad policial, los abusos en las cárceles y la falta de derecho al aborto, por nombrar solo los principales, remarcó la cartera.
El doble rasero es tan obvio que las autoridades estadounidenses iniciaron acciones legales contra más de un millar de personas presuntamente involucradas en la insurrección del Capitolio, apuntó más adelante la publicación al reseñar el comunicado de prensa de la Cancillería.
Irónicamente, y en una situación similar en Camboya, el informe destacó lo ocurrido “como un juicio masivo para silenciar las opiniones disidentes”, subrayó.
Según enfatizó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, el compromiso del Gobierno camboyano con la promoción y protección de los derechos humanos sigue siendo tan fuerte como siempre.
El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que no reconoce este tipo de documentos emitidos de forma unilateral.
El Gobierno de Bolivia rechazó este martes el informe unilateral sobre Derechos Humanos emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.).
Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que “no reconoce este tipo de documentos emitidos de forma unilateral, que son una práctica de injerencia en asuntos internos y elaborados sin fundamentos objetivos que lo sustenten”.
En este sentido, el cartera destacó que “Bolivia se adscribe al multilateralismo y a sus mecanismos de evaluación para la garantía, la protección y el cumplimiento de los Derechos Humanos, en el marco de los tratados y convenios internacionales que ha ratificado sobre la materia”.
Asimismo, refirió que con anterioridad se realizaron una serie de visitas de diferentes instancias de Derechos Humanos al país, como la del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entre otras autoridades de organismos multilaterales.
La Cancillería anunció que entre el 27 y el 30 de marzo se recibirá una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de conocer la situación de los mismos en distintas regiones de la nación.
Por su parte, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, manifestó que el informe tiene carácter “unilateral y oficioso” por parte de EE.UU., pues “desconoce la soberanía que tiene cada Estado y los pueblos del mundo”.
Recordó además que el Gobierno firmó los tratados y convenios sobre la protección y garantía, que se respeta el debido proceso y no existen presos políticos.
La funcionaria aseguró que el “Gobierno garantiza la libertad de expresión de todos los bolivianos y bolivianas en el territorio nacional”.
#EstadosUnidos registró 102 tiroteos masivos desde inicios de año, lo que significa que cada dos días hay tres de estos incidentes letales, informó el sitio Gun Violence Archive. Las armas de fuego ocasionaron 7 513 fallecimientos, de los cuales 3 223 se corresponden a asesinatos, homicidios y muertes accidentales, mientras los suicidios, en los cuales se emplearon esos artefactos, suman 4 290. Los disparos cegaron la vida de 302 menores de 17 años, al tiempo que 740 resultaron lesionados.
El Departamento de Policía y el gobierno local de Louisville, Kentucky, se distinguen por mantener un comportamiento discriminatorio contra los ciudadanos afrodescendientes en Estados Unidos, según un informe divulgado hoy por una entidad autorizada.
El análisis del Departamento de Justicia (DOJ) determinó que tanto la institución policial como el Gobierno Metropolitano del condado de Louisville/Jefferson usan fuerza excesiva con regularidad, realizan registros sin órdenes judiciales válidas y aplican otras medidas que violan la Constitución y las leyes federales.
Tras los hallazgos, el fiscal general Merrick Garland expresó en una conferencia de prensa que la conducta de la policía era inaceptable y desgarradora, mientras destruye la confianza que un departamento de policía debe tener en su comunidad.
Según el dictamen, estas instituciones existen para servir a los ciudadanos y mantenerlos seguros, sin embargo, no son capaces de velar porque todos los empleados respeten los derechos constitucionales y estatutarios federales de las personas en Louisville.
El DOJ inició la investigación en abril de 2021, luego de la muerte de Breonna Taylor, una mujer afroamericana que fue asesinada en 2020 por agentes mientras ejecutaba una orden de arresto en su apartamento.
Concluyó entonces la investigación que el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville (LMPD) suele emplear selectivamente un “estilo agresivo de vigilancia” contra individuos “vulnerables” en toda la ciudad, específicamente contra personas negras.
El informe establece que algunos oficiales incurrieron en prácticas deleznables como arrojar bebidas a los peatones desde sus automóviles, insultar a los discapacitados, y llamar monos y animales a los afroestadounidenses.
También se descubrió que determinados agentes del orden emitieron citaciones a personas por delitos menores, como tener una luz trasera rota en el vehículo, mientras permitía que las investigaciones de crímenes graves como homicidio y agresión sexual permanecían sin resolver.
El informe recomendó tres docenas de medidas para que la policía y el gobierno local tomen medidas para revertir los problemas, incluida una mejor aplicación de los mecanismos de rendición de cuentas relacionados con la fuerza del orden.
Si a las mujeres, que son la mitad del mundo y a las que casi se exige y responsabiliza con el devenir de la otra mitad, les diera por construir sus historias, se hallarían revelaciones para poner a pensar a la humanidad toda: siglos de invisibilización, despojo de sus derechos, condenadas a la hoguera por arpías o por herejes, han signado sus vidas.
Tras lenguajes edulcorados y eufemísticos, contenidos incluso en el cuerpo de políticas y de leyes, la escena mundial muestra cómo se ha impedido el avance a las mujeres y obstaculizado la transformación social a favor de su desarrollo.
Pero, a veces sobran las narraciones porque hay datos que hablan por sí solos. Informes recientes de Naciones Unidas, revelan que cada dos minutos muere una mujer por complicaciones en el embarazo o el parto y se subrayan más disparidades en el acceso a la atención de salud.
Prácticamente en todas las regiones del mundo el número de muertes maternas ha aumentado o se ha estancado su descenso, datos que revelan, según el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la necesidad urgente de garantizar que todas las mujeres y niñas tengan acceso a servicios de salud cruciales y puedan ejercer plenamente sus derechos reproductivos.
Se reportan 30 millones de nacimientos no planificados y 20 millones de abortos inseguros anuales. En naciones en “desarrollo” una de cada tres menores de 18 años contrae matrimonio sin consentimiento propio, y 16 millones de adolescentes dan a luz en países donde la mortalidad materna es la primera causa de defunción en esas edades, y donde, además, el feminicidio es una de los primeros motivos de muerte.
Son realidades denunciadas por Cuba en foros internacionales, en los que ha demandado agendas de desarrollo sostenible, equidad en el acceso a la salud, la educación, la cultura, los medios financieros; igualdad de género y empoderamiento de la mujer.
Al cuestionar tal panorama, la pequeña Isla caribeña, ha puesto en tela de juicio cómo todavía en muchos territorios las mujeres perciben un salario inferior al de los hombres por igual trabajo, o deban elegir entre la muerte o la cárcel si necesitan interrumpir un embarazo no deseado.
Desde que fuera aprobada la Plataforma de Acción en la Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing, se ha puesto la mirada una y otra vez en lo avanzado. Múltiples estudios confirman que falta ganar conciencias para llegar internacionalmente a lo trazado entonces.
Aunque Cuba asistió a aquel cónclave femenino con las principales metas cumplidas, en especial en lo referido a la educación, el empleo, el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, y una legislación de avanzada, persisten las insatisfacciones.
Todavía se percibe predominio de enfoques masculinos discriminatorios, entra al juego de roles un montón de opiniones a favor y en contra del desempeño de la mujer, lo cual impide alcanzar la necesaria equidad en todos los terrenos.
Hay muchas historias por contar de años de batallas y conquistas, como las que dieron el derecho al voto a la mujer cubana en 1934, o la igualdad ante el trabajo y el estudio, proclamada luego de 1959, algo que pudo obtenerse gracias a una voluntad política que le abrió puertas y ventanas, las dignificó y les facilitó organizarse y avanzar en una Revolución dentro de la Revolución, como las calificara Fidel.
Hoy en Cuba alrededor del 60 por ciento de los profesionales y técnicos son mujeres. Constituyen casi el 80 por ciento en los sectores educacional y de la salud, y cerca del 70 por ciento de quienes ejercen el Derecho.
Otro campo, el parlamentario, sirve para ilustrar cómo las cubanas han ganado espacio. En 1976, al constituirse la Asamblea Nacional del Poder Popular, solo eligieron a un tres por ciento de mujeres. Treinta años después fueron el 27.6, y en las siguientes legislaturas, cada cinco años, ascendieron al 31 por ciento, al 46, al 52. Y en las elecciones del próximo 26 de marzo, ellas son el 55 por ciento del total a elegir.
Así y todo, las cubanas no desisten en su lucha por conseguir toda la justicia frente a rezagos de la ideología patriarcal que aflora en el hogar, en relaciones de pareja, en centros de labor. Seguirán trazando estrategias para cerrar la brecha entre lo normado y la igualdad real e impulsar aún más su participación, sabiendo que todo lo logrado por ellas hasta aquí sigue siendo aspiración, horizonte lejano en varios sitios del planeta.
Alma Cubanita 