El Ministerio Público de Perú negó este sábado haber actuado de forma ilegítima o abusiva en el allanamiento al domicilio de la presidenta Dina Boluarte y al Palacio de Gobierno, como parte de una investigación por enriquecimiento ilícito conocido como el “Caso Rolex”.
A través de un comunicado, la Fiscalía peruana explicó que el allanamiento se realizó «por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema» razón por la cual descartaron que la operación «haya sido ilegítima, inconstitucional y abusiva».
De acuerdo al texto, en la diligencia no lograron ubicar o se produjo la entrega de los relojes Rolex por parte de la presidenta Dina Boluarte, pese a ser requeridos por el equipo de fiscales.
Desde la Fiscalía resaltaron que a pesar de la negativa de la jefa de Estado, se obtuvieron otros elementos de interés para la investigación.
En el comunicado se ofrecen detalles del operativo para demostrar que no hubo abusos contra las personas presentes en la casa de Dina Boluarte al momento del allanamiento.
También negó que la propia institución hubiera difundido el video del momento en el que se observa cómo rompieron la cerradura del domicilio de la presidenta, después de esperar diez minutos desde que el hijo de Dina Boluarte les solicitara un momento y este no les abriera la puerta.
Por último, el Ministerio Público confirmó que citó a la presidenta para que exhiba los relojes Rolex y preste declaración el viernes 5 de abril de 2024, «tal como lo ha solicitado la defensa».
Varias horas después del allanamiento a su casa, la presidenta Boluarte criticó el operativo fiscal y policial y lo definió como abusivo.
«Nunca ha existido como se viene diciendo, ni rehusamiento ni rebeldía de mi parte frente a la investigación fiscal, muy por el contrario, me he apersonado a esta instancia poniéndome a disposición, por lo que la medida de la madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva», afirmó la presidenta junto a su gabinete.
Un momento incómodo vivió el sábado la presidenta de Perú, Dina Boluarte, durante una visita oficial a la región de Ayacucho, en el sur del país andino, cuando en un acto público la viuda de una de las víctimas en las protestas de 2022 le tiró de los cabellos.
Boluarte había asistido a los actos de colocación de la primera piedra de una obra de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado, así como de obras de asfaltado en un poblado de la provincia de Huamanga, en el departamento de Ayacucho, unos 330 kilómetros al sureste de Lima.
La agresión, que quedó registrada en videos y que fueron reproducidos por medios locales, deja ver cómo una mujer, que luego se identificó como Ruth Bárcena, se abalanzó sobre la mandataria y le tiró de los cabellos cuando ésta lanzaba caramelos hacia la multitud.
El incidente duró unos segundos, pero luego de ser apartada por los agentes de seguridad, dijo ser la viuda de Leonardo Ancco, un operario de maquinaria que recibió un disparo en el tórax, durante las protestas contra Boluarte en diciembre de 2022.
“Cuál es el delito que he cometido, vine a pedir justicia por mi esposo”, reclamó. “Mataron a mi esposo, voy a estar tranquila yo, dándole la bienvenida”, reiteró Bárcena, visiblemente indignada.
Ayacucho fue una de las zonas álgidas donde se realizaron las manifestaciones que pedían la renuncia de Boluarte, luego que asumió el poder en sucesión del destituido Pedro Castillo y que dejaron 10 muertos en los enfrentamientos con el ejército peruano.
Boluarte, una abogada de 61 años y la primera mujer en asumir la presidencia de Perú, cuenta con los índices de popularidad más bajos en al menos casi dos décadas, especialmente en la región del sur de los Andes, de mayoría indígena, y donde Castillo gozaba de amplia popularidad.
Esta no es la primera vez que la mandataria peruana enfrenta abucheos, pero sí que es agredida físicamente, de ahí que su exposición sea limitada pese a sus constantes llamados a la unidad.
“Los geoglifos hallados miran al sur, hacía Las Líneas de Nazca”, explicó el arqueólogo que lideró el equipo. Foto: El Peruano
20 estudiantes y un arqueólogo de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica descubrieron 29 nuevos geoglifos fueron en los distritos de El Ingenio y Changuillo, en la provincia peruana de Nazca.
Este equipo fue liderado por el arqueólogo y docente, Omar Bendezú, quien explicó a un medio local que los geoglifos, que representan figuras de felinos y figuras antropomorfas, tienen una antigüedad de entre el año 300 a.C. y el 100 d.C., y abarcan periodos desde Paracas tardío hasta Nazca inicial.
De acuerdo con Bendezú, hasta el momento en el distrito de El Ingenio han identificado diez figuras que tienen formas de felinos y “una medida variada que van desde los 17 metros de largo por 12 metros de alto hasta los 42 metros de largo por 43 metros de alto aproximadamente”.
Asimismo, refirió que en el centro poblado de San Juan en Changuillo fueron encontrados ocho geoglifos con formas de felinos, los cuales también tienen medidas que varían de 11,30 metros de largo por 9,53 metros de alto hasta 37.31 metros de largo por 13,70 metros de alto, aproximadamente.
“Los geoglifos hallados miran al sur, hacía Las Líneas de Nazca. Los habitantes de esa época al parecer tenían como deidad al felino o tenía un significado muy especial para ellos”, añadió Bendezú.
El arqueólogo también indicó que en la ladera del cerro en el centro poblado San Francisco de El Ingenio fueron descubiertos unos diez geoglifos con forma antropomorfa, mientras que en San Juan fue encontrada otra.
Estos hallazgos se realizaron durante un trabajo de investigación que tuvo una duración de cuatro meses, autorizado por el Ministerio de Cultura, mediante vuelos planificados con drones que registraron los geoglifos y el uso de un software especializado para analizar las imágenes e identificar las formas encontradas.
El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), quien purgaba una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, salió en libertad el miércoles luego de que el Tribunal Constitucional dispusiera su excarcelación.
El exmandaario abandonó el penal de Barbadillo en horas de la tarde y fue recibido por su abogado, Elio Riera, y sus hijos Keiko y Kenji Fujimori, mostraron imágenes en vivo del canal estatal TVPerú Noticias.
Lo que se vive en el país andino es un golpe de larga duración orquestado desde Washington.
La fase de preparación tuvo lugar durante el casi año y medio, desde la toma de posesión de Pedro Castillo tras ganar unas elecciones con una votación récord para un candidato popular en Perú, hasta el pasado 7 de diciembre, cuando un congreso dominado por fuerzas acérrimamente opositoras lo declaró “incapacitado moralmente” acusándolo de conspiración y de rebelión, y dictando en su contra, primero 18 meses de prisión “preventiva”, y más tarde 36.
En diciembre pasado, el presidente Pedro Castillo fue víctima de una conspiración para alimentarlo con información falsa con el fin de promover su destitución y posterior enjuiciamiento a la espera de que el movimiento popular que lo apoya en las calles se desmovilice y renuncie a liberar a ese estratégico país de los Estados Unidos. Esa fue la fase de ejecución del golpe.
La fase actual es la de normalización. El pueblo en las calles no deja de protestar, reclamando el regreso de Castillo y una asamblea constituyente. Por otro lado, la clase política del modelo neoliberal fujimorista apoyado por Estados Unidos, espera que la represión y el cansancio surtan su efecto. Según diversos estimados, a estas alturas van unos 60 o 70 muertos.
Una observación: Mientras que el Comando Sur asegura que entre sus prioridades en la región está la lucha contra el crimen organizado, el récord de los operadores políticos a su servicio en el Perú muestra exactamente lo contrario.
El congreso en manos de un narco
El pasado 12 de septiembre, es electo presidente del Congreso el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general retirado José Williams Zapata, conocido por su conexión con los carteles mexicanos de la droga durante su jefatura en la Región Militar Norte de Piura en 2004–2005.
De acuerdo a informes de la División Antidrogas de la Policía Nacional (DIVANDRO), la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y el portal WikiLeaks, cuando el general José Williams Zapata fue jefe de esa región militar, en esa zona del Perú el cártel de Tijuana exportaba droga por mar en presunta complicidad de militares de alto rango e incluso la transportaba a pocos metros de las instalaciones del Ejército.
Además, en el año 2006 Williams Zapata fue acusado de corrupción y de encubrir el asesinato de 69 personas en Accomarca en agosto de 1985, uno de los capítulos más sangrientos de la guerra contra el grupo terrorista denominado Sendero Luminoso. En esa ocasión resultaron asesinadas 69 mujeres, hombres, ancianos y niños.
De hecho, Williams Zapata, tuvo a su cargo también la Operación Chavín de Huantar, muy celebrada por los fujimoristas como una gran victoria contra el terrorismo. En esta operación militar para rescatar a 72 rehenes en la embajada de Japón el 22 de abril de 1997 hubo 17 muertos (los 14 miembros de la guerrilla del MRTA y otras 3 personas), de las cuales 8 fueron asesinadas por los soldados.
Representante del partido de extrema derecha Avanza País y apoyo activo de Keiko Fujimori, Williams Zapata ha probado ser un valioso operador del golpe contra el presidente Pedro Castillo. La elección de Williams como presidente del Congreso no ha desatado airadas críticas de los Estados Unidos, a pesar de que sus relaciones con los carteles de la droga de México ya eran conocidas desde hace muchos años.
Entre otras cosas, 48 horas antes del golpe contra el presidente Castillo, el 5 de diciembre pasado, Williams Zapata le “recomendó” al general del Ejército, Walter Córdova, que renunciara “por el bien de la institución” a causa de “graves denuncias” en su contra. En concreto, Williams le habría dicho a Córdoba que contaba con una carpeta que contenía varias denuncias en su contra, lo que estaba afectando a la institucionalidad del Ejército.
Córdoba era el único general que no se había querido prestar a la movida golpista contra Castillo, que consistía en proveer al mandatario con informes falsos sobre la situación política del país para provocar errores de su parte, que serían aprovechados por el Congreso y demás poderes del Estado controlados por la derecha y el fujimorismo como pretexto para destituirlo.
Aunque Williams Zapata niega haber chantajeado al jefe militar, el diario peruano La República dice que varias fuentes consultadas coincidieron en afirmar que sí existió el “pedido” de renuncia a Córdova.
El papel de Estados Unidos
Como es de costumbre en nuestra región, la Embajada de Estados Unidos en Lima estuvo directamente implicada en el golpe contra Castillo.
Un ejemplo de esta implicación fue la reunión de la embajadora y ex oficial de la CIA, Lisa Kenna, con el Ministro de Defensa, Emilio Bobbio Rosas, menos de 24 horas antes del golpe para ultimar detalles sobre la operación para deponer al presidente Pedro Castillo.
Igualmente llama la atención, la inmediata designación, aun con el golpe en curso, del exoficial de enlace en el Comando Sur, coronel retirado Juan Carlos Liendo Oconnor, como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Hay que decir además que Oconnor es una figura prominente del fujimorismo.
El pasado 9 de marzo, al dar lectura al informe del Comando Sur para el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, la general Laura Richardson calificó al crimen organizado como amenaza “primaria” en la región, responsable de la muerte de 100 mil estadounidenses al año a causa de la droga. Sin embargo, el USSOUTHCOM no parece tener mayores remilgos con sus contactos en el Perú, que abarcan desde militares con sórdidos expedientes con el narcotráfico hasta toda la gama delincuencial de exponentes del fujimorismo.
En este plan aparece Justin Davis, oficial plantilla de la CIA y que por su experiencia contra países latinoamericanos como Cuba, donde fungió como funcionario de la Oficina Política de la Embajada de Estados Unidos, fue designado a Perú en ese mismo departamento con el fin de ayudar a sabotear la gestión de Pedro Castillo.
El factor geopolítico
EEUU tiene hoy en Perú un punto crítico para su estrategia de reajuste de correlación de fuerzas operacionales en América Latina, teniendo más de 10 bases militares en el territorio peruano, ubicadas en puestos estratégicos desde el punto de vista energético y minero. Muchas de estas bases se sitúan en el Varem, una zona de valles encabezados por Apurimac, y otros, lugar estratégico para el Comando Sur.
Por cierto, la zona del Vraem ha sido escenario de diversas masacres en los últimos años, coincidentemente en coyunturas de ascenso de la lucha popular en las que quien resulta más beneficiado en que se despierte el fantasma de Sendero Luminoso es el fujimorismo. De hecho, cada vez son más dentro y fuera del Perú, quienes creen que esa guerrilla “maoísta”, especializada en asesinar campesinos y activistas sociales, fue un producto de la CIA para debilitar estratégicamente a la izquierda.
Llama la atención la preparación de grupos tácticos ecuatorianos y el marcado interés del Comando Sur por acaparar el trabajo en los puertos ecuatorianos, muy cercanos con Perú, con el pretexto de atacar operaciones de drogas.
El Congreso peruano está dominado por diversas facciones del fujimorismo y por otros partidos que no gozan de apoyo popular. Mientras que el pueblo en las calles reclama el regreso de Castillo y el llamado a una asamblea constituyente, la clase política hace oídos sordos a la espera de que la represión y el cansancio surtan su efecto.
Se esta atacando a los dirigentes sindicales, tal y como sucedió en Colombia, para descabezar las manifestaciones y desestimularlas. Ni siquiera organismos occidentales como Amnistía Internacional, que incluso llega a hablar de ejecuciones extrajudiciales, pueden ignorar la magnitud de la represión.
Mientras tanto, el Estado en manos de los golpistas, sigue otorgando a las multinacionales mineras, concesiones a 30 o más años bajo la ominosa figura del contrato-ley, introducida por Fujimori en 1993, según la cual los contratos firmados no pueden ser modificados por las leyes ni por ningún otro mecanismo democrático.
Rafael López Aliaga, empresario y político de Renovación Popular, quien ha llegando a amenazar de muerte a Castillo, movilizó todas sus fuerzas en la capital para aprehenderlo.
Yessica Rosselli Amuruz Dulanto, de Avanza País, e hija del ex-congresista y reconocido fujimorista Roger Amuruz, maneja las comisiones permanentes más influyentes del congreso (relaciones exteriores, transporte y comunicaciones y ciencia, innovación y tecnología).
Diego Fernando Bazan lleva la delantera para obstaculizar cualquier ayuda al mandatario, critica cualquier recurso penal a su favor y llama a desestimar el apoyo internacional que esta recibiendo, implantando la censura de sus argumentos.
Desde el pasado 7 de diciembre, el pueblo en las calles exige el regreso de Castillo y una asamblea constituyente, pero ni a los Estados Unidos ni a la clase política corrupta les parece interesar resolver la situación. Incluso, más bien al imperio le podría interesar mantener un cuadro de aparente ingobernabilidad que justifique una intervención militar del Comando Sur, por ejemplo, bajo el amparo de la OEA.
El Congreso de Perú, integrado en su mayoría por representantes de la oligarquía, rechazó votar la destitución de la presidenta Dina Boluarte. La propuesta la presentaron integrantes de los partidos de izquierda, a fin de determinar la responsabilidad de la mandataria en la violenta represión de las protestas, que han dejado más de 60 muertos, tras la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo. Mediante un mensaje publicado en Twitter, Castillo insistió en declararse como un preso político, una acción por la cual varios de sus opositores han alentado a que se le sancione.
Perú se convirtió en pieza clave del despliegue militar estadounidense en la región, con la instalación de bases en la selva de ese país y los Centros de Operaciones de Emergencia Regional
Estados Unidos tiene cerca de 800 bases militares a lo largo del mundo, de ellas más de 75 en América Latina. Entre las más conocidas resaltan 12 en Panamá, igual número en Puerto Rico, nueve en Colombia y ocho en Perú, concentrándose la mayor cantidad en Centroamérica y el Caribe.
La base «pionera» extraterritorial de Estados Unidos en el continente, impuesta contra la voluntad del Gobierno y el pueblo cubanos, se encuentra ubicada en la bahía de Guantánamo, y formó parte de la llamada teoría de la contención, formulada por Nicholas Spykman, que fundamentó la agresión militar estadounidense a distintas regiones del mundo.
Estas bases no son solo militares, aunque todas lo son en su esencia. Hay bases que funcionan como centros para la guerra mediática y la ciberguerra.
Se dividen en tres categorías: Las «bases de operaciones» que tienen una extensión mayor a diez acres y más de 200 militares en servicio activo; las «pequeñas», o «Lily Pad», y las «financiadas», que son instalaciones pertenecientes al país anfitrión en las cuales el personal operativo estadounidense puede tener un acceso total o parcial. La mayoría de las existentes en América Latina entran en esta categoría y sirven como centros de operaciones y adiestramiento militar.
Existen otras que tienen un carácter confidencial, no «confirmadas». Son centros militares con presencia de efectivos estadounidenses que no han sido declarados de manera oficial.
Entre las bases militares más grandes en el continente, se encuentran la de Tolemaida, en Colombia, y la de Palmerola, en Honduras, ambas entran en la categoría de «financiadas», responsables, entre otras cosas, del entrenamiento de escuadrones de la muerte y otros grupos paramilitares.
Palmerola es una base aérea donde opera la Fuerza Aérea Hondureña y la misión militar estadounidense «Fuerza de Tarea Conjunta Bravo», perteneciente al Comando Sur de Estados Unidos.
El Departamento de Defensa ramifica sus operaciones militares en seis comandos organizados geográficamente, con campos de acción delimitados: Comando Norte (Northcom), Comando Sur (Southcom), Comando África (Africom), Comando Europeo (Eucom), Comando Central (Centcom), y Comando Indo-Pacífico (Indopacom). Además, posee otros cinco encargados de diversas áreas de acción, como el Comando espacial, el Comando cibernético, el Comando de operaciones especiales, el Comando estratégico y el Comando de transporte.
Para América Latina, el Southcom es la instancia encargada de administrar y vigilar las actividades militares de Estados Unidos a nivel de la región.
Resulta interesante conocer que, en los últimos diez años, Perú se convirtió en pieza clave del despliegue militar estadounidense en la región, con la instalación de bases en la selva de ese país y los Centros de Operaciones de Emergencia Regional, rivalizando en importancia estratégica con Colombia, lo que arroja luz sobre los últimos acontecimientos en ese país.
Colombia y Perú se erigen como importantes objetivos para la administración Biden, desde el punto de vista estratégico.
La instalación de una base militar, de «ayudada humanitaria» estadounidense en Neuquén, Argentina, nos aporta un dato esclarecedor: la empresa YPF encontró en 2011 en Neuquén un mega yacimiento de petróleo y gas, sin contar las ricas reservas de agua potable de la región.
De acuerdo con los términos utilizados por Washington, se trata de un Centro de Operación y Coordinación ante Emergencias, que tiene por objetivo socorrer a los habitantes de la provincia en caso de catástrofes naturales.
Recientemente, Laura Richardson, la general jefa del Comando Sur de Estados Unidos, sin una gota de rubor, en una conversación con el centro de estudios Atlantic Council, al viejo estilo de la Doctrina Monroe reconoció que el principal interés de Washington en América Latina está en sus recursos naturales, de los que se consideran dueños.
«Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienes el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60 % del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile… Las reservas de petróleo más grandes, incluidas las de crudo ligero y dulce descubierto frente a Guyana hace más de un año…, los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro», declaró la jefa del Comando Sur.
«Tenemos el 31 % del agua dulce del mundo en América Latina», añadió, y hay que prestar atención a un detalle bien claro: no dijo «tienen», dijo «tenemos».
Para rematar, la émula moderna de los procónsules romanos le puso la clásica «tapa al pomo» al afirmar que a EE. UU. «le queda mucho por hacer» y que «esta región importa». Ya sabemos para qué.
La profética frase de Bolívar parece adquirir hoy más valor que nunca: «Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias en nombre de la libertad».
Delegaciones de las provincias de Puno se están organizando para enviar nuevas comitivas a Lima y seguir las protestas.
Nuevas movilizaciones se registraron este lunes en Perú contra el Gobierno de la presidenta designada, Dina Boluarte, para exigir su renuncia y el cierre del Congreso.
El corresponsal de teleSUR en Perú, Ramiro Angulo, informó que en algunas zonas del norte del país como en Trujillo, San Martín, Piura y Lambayeque «también hay paros y movilizaciones para protestar en contra del Gobierno de la presidenta designada».
«En lugares como Arequipa, ubicados al sur del país, el Frente de Defensa de los intereses de los trabajadores de esta ciudad ha convocado a un paro», indicó.
Por otro lado, precisó que delegaciones de las provincias del departamento de Puno (sureste) se están organizando para enviar nuevas comitivas a Lima (capital) y seguir las protestas.
«Desde Puno se vienen organizando algunas delegaciones de las 13 provincias de este departamento para enviar nuevas comitivas para seguir protestando en contra del Gobierno de Dina Boluarte. Se estima que podrían estar llegando a Lima a fines de esta semana o durante la próxima semana», acotó.
A su vez, el colaborador de teleSUR en Perú, Jaime Herrera, indicó que en esta jornada continuaron las manifestaciones en Puno pidiendo la renuncia de Boluarte, así como el adelanto de elecciones generales y justicia para las víctimas de la represión de las fuerzas de seguridad. «Hoy salió el pueblo Aymara a las calles», destacó.
De acuerdo con el último reporte de la Defensoría del Pueblo de Perú, hasta las 13H00 (hora local), registraron 35 puntos de bloqueo en vías nacionales, entre ellas Carabaya, Melgar, Azángaro, Lampa, San Román, Puno, El Collao y Chucuito.
Las protestas en Perú se mantienen desde el pasado 7 de diciembre, luego que el Congreso destituyera al entonces presidente Pedro Castillo y juramentara a Boluarte.
La represión de las manifestaciones por parte de las fuerzas policiales y militares han dejado más de 60 muertos y decenas de heridos
El expresidente de Perú, Pedro Castillo, ratificó que teme por su vida, porque en el país no existe ningún tipo de seguridad jurídica, política y civil. En la nación sudamericana persiste un paro nacional que desde el martes tiene movilizadas a varias regiones, donde continúan demandando la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de las elecciones y la realización de un proceso constitucional. A esa gran movilización se unen las organizaciones sociales y movimientos políticos que protestan desde el 7 de diciembre.
Es vergonzoso que la «preocupación» de la OEA se exprese pasados diez días desde que Perú sufre la pérdida de sus hijos
Durante una visita relámpago a Washington, la actual canciller peruana, Cecilia Gervasi, encontró una constante entre sus anfitriones, los funcionarios del gobierno de Joe Biden y el Congreso estadounidense: el «compromiso de Estados Unidos de apoyar la institucionalidad democrática en Perú».
Podría ser esta la «seña» de apoyo que necesitaba la presidenta Dina Boluarte, para emprender alguna solución a lo que ocurre en su país.
Unos días antes, también desde su guarida en la capital estadounidense, la OEA había expresado su «preocupación» por el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes en esa nación.
Coincidentemente, la cifra de civiles peruanos muertos por la represión policial ya supera los 60, mientras que los heridos son más de cien.
¡Qué pena que en la administración Biden se confunda «institucionalidad democrática» con represión, muerte, golpe de Estado y todo lo que sucede en la nación andina!
¡Qué pena, de igual forma, que la «preocupación» de la OEA se exprese pasados los diez días desde que Perú sufre la pérdida de sus hijos y la mutilación de su democracia!
¿Quién puede explicar a los peruanos, y por añadidura a los latinoamericanos, para qué sirve la OEA, la misma institución que hace exactamente 61 años expulsó a Cuba de aquel ministerio de colonias?
Ahora, mientras se argumentan, una vez más, las posiciones de Washington, en Lima, donde se derrama sangre de un pueblo protestando en las calles, el Congreso rechazó, por tercera ocasión, el adelanto de las elecciones generales. Ahí tampoco se acepta la renuncia de la presidenta Dina Boluarte ni la disolución del propio Congreso.
El ambiente tóxico y desestabilizador para nada es nuevo en un Perú que ostenta un lugar cimero en temas como la inestabilidad gubernamental, con la cifra de seis presidentes que han pasado por el supuesto oficio de «gobernar» en solo seis años.
De ellos, unos están presos, otros fuera del país y reclamados por la justicia, uno optó por quitarse la vida y el último, Pedro Castillo, elegido democráticamente, guarda prisión luego de que el Congreso peruano, o más bien la oligarquía peruana, se opusiera a las transformaciones sociales que pretendía llevar adelante el maestro y dirigente gremial devenido Presidente.
Alma Cubanita 