¿Qué se sabe de la llegada del jefe del Comando Sur de EE.UU. a Colombia?

La llegada de Faller coincide con la estadía del presidente colombiano, Iván Duque, en EE.UU., país al que arribó el pasado domingo. Foto: Archivo/Misión Verdad

El almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de EE.UU., anunció que se encuentra en Colombia, “un aliado vital y confiable en seguridad”, para reunirse con la cúpula militar de ese país, en medio de las tensiones con el Gobierno de Venezuela.

El Comando Sur informó mediante un tuit que Faller se reunirá con “líderes militares” en Colombia, país que visitó en junio pasado, “para discutir la cooperación en materia de seguridad”. La información fue ratificada por la Embajada de EE.UU. en Bogotá.

La llegada de Faller coincide con la estadía del presidente colombiano, Iván Duque, en EE.UU., país al que arribó el pasado domingo para tratar una “agenda focalizada en temas ambientales, migratorios y crediticios”, según informó en su cuenta de Twitter. Se prevé que el mandatario colombiano además participe en la Asamblea General de la ONU, que se llevará a cabo esta semana.

Antes de este viaje, Duque estuvo en España, de jueves a sábado. Allí se reunió con su homólogo Pedro Sánchez y autoridades de su gabinete; con el rey de ese país, Fernando IV; con los expresidentes Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy; con sectores empresariales y de la banca, y con el opositor y prófugo de la justicia venezolana, Leopoldo López, entre otros.

El repudio de Bogotá a Caracas quedó recogido en un comunicado, emitido por la Cancillería colombiana, donde se rechaza la participación del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en la cita regional.

Colombia ratificó que desconoce “el poder de facto” de Maduro “como resultado de la elección presidencial del 20 de mayo de 2018, viciada por la ausencia de garantías a la oposición y por el fraude”. Esta postura ha sido mantenida por el país suramericano con el apoyo de EE.UU. y un grupo de países de América Latina, a pesar de que los observadores internacionales no encontraron pruebas de irregularidades en esos comicios.

Los mandatarios Mario Abdo Benítez, de Paraguay, y Luis Lacalle Pou, de Uruguay, que sí asistieron al encuentro, también expresaron su cuestionamiento a la legitimidad de Maduro, como ya lo habían demostrado ambos países en el Grupo de Lima, cónclave surgido en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) con la finalidad de proponer medidas y mecanismos regionales para deponer al mandatario venezolano.

Al respecto, el jefe de Estado venezolano le pidió a ambos presidentes que pusieran “la fecha, el lugar y la hora” para “debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución”.

Faller de nuevo en Colombia

Hace tres meses, cuando Faller estuvo en territorio colombiano, hubo un cruce de declaraciones entre Caracas y Bogotá, en el contexto de las tensiones entre ambos países y de las acusaciones mutuas de desestabilización a través de la acción de grupos armados ilegales y de organizaciones criminales.

En esa oportunidad, el mandatario colombiano publicó en su cuenta de Twitter que en el encuentro con Faller y con el embajador de EE.UU. en ese país, Philip S. Goldberg, ambos le expresaron “su interés por seguir profundizando cooperación entre las dos naciones”.

Duque también escribió que su país era para EE.UU. “uno de los aliados más importantes de la región para garantizar la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, así como una democracia respetuosa de los derechos humanos”.

En respuesta, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB) emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por la llegada de Faller a Colombia, y afirmó que esta no respondía a “razones de cooperación bilateral en materia de seguridad, sino que era un acto de injerencismo y provocación.

Cinco días después de esa visita, el helicóptero en el que viajaba el presidente colombiano fue atacado con disparos de fusil, cuando aterrizaba en el aeropuerto de Cúcuta, procedente del municipio de Sardinata, al norte de Santander. Toda la tripulación resultó ilesa y la Casa de Nariño señaló como responsable a un miembro de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que supuestamente estaría en suelo venezolano, sin ofrecer mayores pruebas de esas acusaciones.

Esta nueva visita reaviva una vieja polémica surgida en el país hace un año por la presencia del Comando Sur en Colombia, que ha sido una constante durante el Gobierno de Duque.

Luego del anuncio hecho por el fallecido ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, de que una misión militar de EE.UU. operaría en Colombia para “combatir el narcotráfico”, un grupo de senadores expresó su repudio por considerar que esta decisión vulneraba la soberanía y Constitución del país y que podría fortalecer la actuación los grupos armados paramilitares, como ya ha sido señalado en otras oportunidad por el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso.

Tras esos señalamientos, el Tribunal Administrativo del departamento de Cundinamarca aprobó la suspensión de las actividades del Ejército estadounidense en territorio colombiano, a raíz de una tutela presentada por un grupo de congresistas, que manifestaron que la decisión había sido inconsulta e inconstitucional.

Detienen al exdiputado opositor venezolano Freddy Guevara por #terrorismo

El MP recordó que Guevara ha tenido una "pública trayectoria en la participación de hechos de violencia en el pasado".

Las fuerzas de seguridad venezolana realizaron la detención del exparlamentario ante su vinculación con grupos extremistas y paramilitares.

El Ministerio Público (MP) de Venezuela informó este lunes sobre la detención del exdiputado opositor Freddy Guevara, quien será imputado por los delitos de terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el fiscal general Tarek William Saab publicó un comunicado en el cual detalla que integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fueron los que efectuaron la detención.

“Este lunes 12 de julio el Ministerio Público ha solicitado orden de aprehensión contra Freddy Guevara, quien fue detenido por el Sebin debido a su vinculación con grupos extremistas y paramilitares asociados con el Gobierno colombiano”, refiere el texto.

Además, precisó que fueron designados dos fiscales con competencia nacional para llevar adelante la investigación.

El MP recordó que Guevara ha tenido una “pública trayectoria en la participación de hechos de violencia en el pasado”, registrados en el país suramericano y promovidos por factores extremistas de la oposición.

¿Quién es Freddy Guevara?

Guevara ha estado relacionado con el partido de derecha Voluntad Popular, liderado por el prófugo de la justicia Leopoldo López, y que respaldó al exdiputado autoproclamado presidente, Juan Guaidó. Esta agrupación política ha sido vinculada en varias ocasiones a hechos de violencia y planes desestabilizaciones en Venezuela.

El exparlamentario Guevara fue uno de los promotores de los hechos de violencia registrados en 2017, durante las denominadas guarimbas, donde sectores extremistas de la oposición destruyeron entes e infraestructuras públicas y privadas, provocaron varios heridos y más de 100 fallecidos.

Ante su participación en estos hechos, fue acusado de instigar estas acciones y solicitó asilo en la Embajada de Chile en Venezuela. Posteriormente, en 2020, recibió un indulto presidencial por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.

En varias oportunidades, Guevara ha realizado llamados para que se apliquen medidas coercitivas ilegales contra su país, las cuales han afectado principalmente a la población.

Durante el balance de la Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro para desmantelar bandas criminales en Caracas (capital), la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y la ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, también revelaron que los integrantes de estos grupos estaban vinculados con Voluntad Popular y la presunta participación de Guevara en estos hechos.

Bob Menéndez, anticubano: el odio visceral

Lic. José A. Amesty R.- Roberto “Bob” Menéndez, nacido el 1 de enero de 1954, de 67 años, es senador del Partido Demócrata de Nueva Jersey. Menéndez nació en la Ciudad de Nueva York. Sus padres, de origen cubano, fueron Evangelina y Mario Menéndez, quienes Huyeron de Cuba en 1953, por desaprobar el gobierno de Batista, estableciéndose entonces en la ciudad de Nueva York.

Actualmente es presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. Su vida política está sellada por un largo historial de acciones contra Cuba, Venezuela, Nicaragua y gobiernos o movimientos populares de América Latina y el Caribe, nunca se ruborizo, al empeñarse durante años en recrudecer el genocida bloqueo a Cuba y en fomentar el golpismo y la violencia fascista en Venezuela;para luego caer en las manos de la corrupción. 

Ya en el año 2017, enfrentaba 18 cargos por fraude, soborno y corrupción, en esta ocasión, además de ultraderechista, se le acusaba de haber recibido 750.000 dólares, en forma de donaciones a su campaña, regalos, viajes en avión privado y lujosas vacaciones pagadas por un benefactor (Salomón Melgen, un oftalmólogo multimillonario de La Florida), a cambio de que defendiera sus intereses de negocio.

Al final, y bajo una serie de artimañas, como ocurre en el sistema judicial estadounidense, el senador Bob Menéndez, fue absuelto al sellarse el caso. Al parecer, así son los políticos cubanoamericanos, que logran alcanzar puestos en el Congreso y el Senado de Washington: todos envueltos en desfalcos, corrupción, lavado de dinero y otros delitos.

Pero su historial oscuro, viene de más atrás (2009), cuando con su obsesión anticubana, emprendió una acción-jugarreta chantajista para bloquear la visita de la Orquesta Sinfónica de New York a La Habana, lo cual publicaron varios sitios en internet, entre ellos Cubadebate.

Así mismo y grave, los comentarios y rumores persistentes, sobre un escándalo de prostitución que implicaba al senador Menéndez. El FBI hizo una redada en el negocio de un oculista, en West Palm Beach llamado Salomón Melgen, bajo sospecha de proveer viajes gratuitos a República Dominicana y prostitutas menores de edad, al senador Bob Menéndez.

En los inicios de su carrera política, el travieso “Bobi” comenzó a trabajar como ayudante del alcalde de Unión City, William Musto, con el que desarrolló una profunda amistad. Tan intensa fue, que muchos decían que Musto era como un padre para él.

Parece que, al pasar el tiempo, las cosas no le fueron muy bien al alcalde y a sus ayudantes, ya que estaban enredados, hasta el cuello, en problemas de corrupción y gansterismo. En el juicio que se llevó a cabo en contra de Musto, la estrella de los testigos en su contra fue, nada más y nada menos, que el controversial Menéndez. ¿Qué le habrán ofrecido los agentes federales a Bob, para que testificara en contra de su protector y guía?

Lo más probable es que fuera inmunidad, sino no tiene sentido que se prestara a ser testigo en contra de alguien que lo había acogido como un hijo. Menéndez tiene que haber sabido mucho como para poder ayudar a que su jefe fuera a parar con sus huesos en la cárcel.

Lo cierto es que este hombre, mientras ha ido pasando de cargo en cargo, en su convulsa vida política, siempre se le ha visto relacionado con algún escándalo o enredo. Menéndez es un enemigo jurado de Cuba, a la cual ha acusado de todo lo peor. Recuerden que, en su época, quiso hacer ciudadano americano al niño Elián, para que no fuera a reunirse con su padre.

Más reciente, Bob Menéndez, introdujo un recurso en el Congreso estadounidense, que busca restablecer un programa de robo de cerebros dirigido a los médicos cubanos que cumplen misión en el exterior.

La idea del legislador es exigir a la administración gringa, que restituya el polémico Programa de Parole, para Profesionales Médicos Cubanos, establecido por el gobierno de George W. Bush y derogado al final del mandato de Barack Obama.

Durante los años que se mantuvo vigente (2006-2017), esta política constituyó un incentivo ilegal para que el personal cubano de la salud, que colaboraba en terceros países abandonara sus misiones y emigrara a los Estados Unidos.

El programa causó daños a la cooperación médica internacional de Cuba, y en especial a las naciones pobres del tercer mundo, que se benefician del aporte de los profesionales de la Isla.

Así mismo, presento un proyecto de Ley ante el Congreso, que busca prohibir a los tribunales de Estados Unidos, el reconocimiento de marcas comerciales cubanas, supuestamente vinculadas con propiedades nacionalizadas después del triunfo de la Revolución en enero de 1959. Con el título “Ninguna marca robada reconocida en Estados Unidos”, la legislación busca aumentar el cerco económico contra Cuba.

Aun más reciente, la escritora Lilliam Oviedo, señala que Bob actúa como una especie de “Caballo de Troya”, por un lado, para vengarse de Joe Biden, “en el entendido de que, igual que Barack Obama, el actual gobernante tuvo responsabilidad en la articulación de los expedientes judiciales por los cuales él tuvo que responder entre los años 2014 y 2017”, ya mencionados.

Y por otro lado, sabotear la agenda de la actual administración formará parte de las acciones de Menéndez, con lo cual obstruiría los propósitos de Biden de rescatar la unidad bipartidista en los temas principales de la Nación, justificando su accionar solapado en la frágil mayoría de los demócratas en el Senado, y contando con el apoyo incondicional de su amigo, el senador republicano de origen cubano Marco Rubio, ambos empeñados en perjudicar el diálogo constructivo de Estados Unidos con los gobiernos de la región y, definitivamente, dañar los cambios necesarios e imprescindibles de la política exterior estadounidense en el hemisferio.

En síntesis, la lealtad de Roberto Menéndez, está con Donald Trump en lugar de con el presidente Joe Biden. En New Jersey, estado que representa en el Senado, los enterados veían con asombro hace unos meses, el desinterés que mostró por la campaña presidencial del candidato de su partido, y cómo desviaba fondos de la misma para impulsar la reelección a la cámara de diputados de su amigo, el también cubanoamericano y enemigo jurado de la Revolución Cubana Albio Sires.

Al igual que los legisladores republicanos de origen cubano Marco Rubio y Mario Díaz-Balart, Menéndez se manifestó reiteradamente contra la política del gobierno de Obama y Biden hacia Cuba, de la que llegó a decir que era “dramática y errada”, mientras clamaba ardorosamente junto a ellos por el endurecimiento del bloqueo.

Por otro lado, desde su asiento, Bob Menéndez, quien además ha manifestado rechazo hacia el accionar de la vicepresidenta Kamala Harris, intentará sabotear el reinicio del acercamiento a Cuba y el diálogo de Estados Unidos con los gobiernos de Nicaragua y Venezuela, junto a Marco Rubio, Menéndez hará lo posible por entorpecer el avance, también en la política exterior de República Dominicana.

Menéndez, aparte de su filiación política reaccionaria, su rencor contra el nuevo inquilino de la Casa Blanca y el rechazo que ha manifestado hacia la vicepresidenta Kamala Harris, lo impulsarán, como ya ha prometido en privado, a oponerse a todas las acciones de política exterior que intente el gobierno demócrata, sobre todo, las que tiendan a hacer más flexible y pragmática la política hacia los gobiernos progresistas y revolucionarios de América Latina y el Caribe.

Para reiterar y finalizando, Bob, siendo demócrata, saboteo la campaña de Biden, a quien culpa de todos los juicios por el escándalo en República Dominicana, quien tiene una relación estrecha con los dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista, FNP. Se trata de Pelegrín, Vinicio y Juárez Castillo, hijos del abogado Marino Vinicio Castillo, quienes tienen lazos familiares y de negocios con Salomón Melgen y son socios políticos del expresidente Leonel Fernández. Esta última condición los vincula con el actual gobierno”.

Con su asiento en el senado norteamericano, mantiene la presión contra la administración Biden respecto a Cuba y otros asuntos de política exterior.

Con el indulto a Salomón Melgen, por parte de Donald Trump, Menéndez les debe favores a las fuerzas de extrema derecha.

Su cercanía con Marco Rubio, en los temas anticubanos ha levantado preocupación en el Partido Demócrata, ya que algunos directivos sospechan que Menéndez puede facilitarle a Rubio información y estrategias electorales del Partido, a cambio de votos y alianzas en el Comité de Relaciones exteriores del Senado que él preside.

Así mismo, es pública y notoria la proyección ultraderechista de Menéndez, como legislador hacia América Latina y el Caribe, al igual que las de sus colegas cubanoamericanos Marco Rubio y Mario Díaz-Balart. Han hecho y harán cuanto esté a su alcance por frustrar el proceso de paz en Colombia y utilizarlo como plataforma de ataque contra Cuba, apoyarán la política más dura contra Venezuela, incluyendo el apoyo al desprestigiado Juan Guaidó y también contra Nicaragua, mientras redoblan sus esfuerzos por frustrar el acercamiento a La Habana prometido por Biden en campaña.

Fuerzas Armadas de #Chile: Historia criminal contra su pueblo

Los fascistas protegidos de los #EEUU

Ya Daniel Jadue había causado cierta polémica en grupos privilegiados por solicitar un estatuto de garantías a las Fuerzas Armadas y al Partido Demócrata Cristiano en el caso de que él resulte electo Presidente de la república. No obstante que los círculos derechistas y financieros del país pusieron el grito en el cielo con aquella declaración, es menester efectuar una sucinta revisión histórica para refrendar y apoyar el requerimiento del edil de Recoleta, ya que en la historia republicana de Chile los cuerpos armados mercenarios, revestidos de legalidad por el patriciado mercantil triunfante, han sido el brazo ejecutor, literalmente, de las directrices implantadas por la clase alta en detrimento del pueblo llano.

En Chile, de acuerdo al historiador Gabriel Salazar, no hemos construido ni un Estado desarrollista ni un Estado democrático-participativo. En tres oportunidades: 1829 (por los mercaderes de Diego Portales), 1925 (por los políticos liberales liderados por Arturo Alessandri Palma) y 1973 (por los economistas neoliberales amparados primero por la dictadura de Pinochet y luego por las coaliciones políticas post-dictatoriales), el Estado nacional ha sido construido a partir de golpes militares (dos de ellos extremadamente sangrientos), con usurpación de la soberanía ciudadana y para implementar el mismo paradigma liberal anglosajón. La ciudadanía no ha ejercido nunca, por tanto, su soberanía, y ha sido reducida una y otra vez al uso degradante del derecho a petición, como también a la periódica elección individualista de los candidatos designados y controlados mayoritariamente por la clase política liberal. Con el agravante de que 2/3 de esa ciudadanía vive de un empleo precario e inserta en una economía informal, en la que predomina el tráfico de diferentes especies y servicios. Es decir, no hemos construido ni un Estado verdaderamente democrático, ni ciudadanos soberanos, ni verdadero mercado interno.

Las guerras civiles de 1829 y 1891 y los golpes de Estado de 1924-1925 y 1973 se produjeron después de avisos más o menos prolongados que anunciaban la crisis política. Se pudo ver el avance de los sectores más recalcitrantes y conservadores que promovían el quiebre antes que las posibilidades del acuerdo, la ruptura frente a una última oportunidad de arreglo.

Durante el siglo XIX el ejército era oligárquico-mercenario, fue creado en 1829 con la intención de destruir al Estado y al ejército constitucional aplastando, de esta manera, al pipiolaje civil y militar en la batalla de Lircay (1830), hecho que puso fin a la guerra civil.

En 1891 el patriciado mercantil, principalmente inglés, financió a un ejército y marina sediciosos para: derrotar al ejército constitucional y para establecer una función protectora para acumular el tesoro mercantil a través de la especulación financiera y bancaria que estaba siendo desmantelada por la política  desarrollista e industrial de José Manuel Balmaceda.

En 1924, casi finalizando el mandato de Alessandri Palma, el Comité Militar prefirió seguir funcionando y le pidió a éste que disolviera el Congreso Nacional. Tras este hecho, Alessandri, sumergido en una situación que ya no podía manejar, vio su poder en jaque y prefirió renunciar, autoexiliándose en la Embajada de Estados Unidos. Sin embargo, no fue aceptada su renuncia y en cambio se le dio licencia por seis meses para ausentarse del país. El general Altamirano asumió la vicepresidencia y enseguida se formó una Junta de Gobierno integrada por él, el almirante Francisco Nef y el general Juan Pablo Bennet, la que procedió a disolver el Congreso y aceptar finalmente la renuncia de Alessandri. Termina de este modo el régimen parlamentario, quebrándose el régimen constitucional. Posteriormente, ocurrió el golpe de Estado del 23 de enero de 1925 liderado por oficiales de rango medio de las Fuerzas Armadas, entre ellos Carlos Ibáñez del Campo que derrocó a la junta de gobierno presidida por Luis Altamirano Talavera.

La dictadura cívico-militar, encabezada por Augusto Pinochet, defenestró al gobierno constitucional y popular de Salvador Allende, en connivencia con la derecha política y con los auspicios de la Casa Blanca, a punta de balas y tortura sistemática, trajo como secuelas que cerca de 35 mil personas fueron víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales; de ellas, 28 mil fueron torturadas, 2.279 ejecutadas y 1.248 permanecen en situación de detenidos y detenidas desaparecidos (as).

Desde que las tropas mercenarias de Diego Portales, José Joaquín Prieto y Manuel Bulnes (ejercito oligárquico) aniquilasen al ejército de ciudadanos en la Batalla de Lircay, lo que se ha instalado en nuestro país son cuerpos armados diseñados estructuralmente para defender las prerrogativas, los intereses y el orden de las clases dominantes.

Las Fuerzas Armadas, y en especial el ejército, han tenido un rol fundamental en la construcción, consolidación y defensa de un Estado autoritario, centralista, oligárquico, favorable a una minoría privilegiada residente en Santiago. Fueron estos cuerpos armados los que sometieron a las provincias a la hegemonía capitalina tras diversas Guerras Civiles (1829, 1851 y 1859, por ejemplo), las que sometieron a Chiloé, anexaron las tierras de Magallanes (permitiendo el exterminio de la población originaria), las que invadieron y usurparon territorio mapuche y el norte sojuzgando a aymaras, quechuas, collas y likanantay, los que colonizaron Rapa Nui y la Antártica. Invasiones, despojo, matanzas, represión, fueron las herramientas con las cuales el ejército y la armada construyeron el territorio chileno.

Ya en 1871 El Mercurio de Valparaíso, en una especie de radiografía epocal, reafirmaba sin ambages la postura clasista y desdeñosa de la élite socioeconómica hacia las clases bajas:

Chile es república en el nombre pero no en el hecho, aquí hay clases superiores, hay distinciones profundas, hay privilegios, hay inmunidades de toda especie. Aquí lo que se denomina aristocracia es todo; pero lo que se llama pueblo es nada… A las clases trabajadoras se las desprecia”.

El historiador Gabriel Salazar nos recuerda, en su Del poder constituyente de asalariados e intelectuales, que durante el gobierno de Salvador Allende existía una ostensible ingenuidad acerca del apego irrestricto de las Fuerzas Armadas hacia el orden constitucional; sin embargo, ellas y el ejército, en particular, habían intervenido 22 veces en la historia política nacional y todas ellas contra los movimientos democrático-populares, transitando desde el asesinato de Manuel Rodríguez hasta la matanza de Pampa Irogoin y el golpe de Estado de 1973. En definitiva, el ejército ha sido fraccionalista más que nacionalista.

Las Fuerzas Armadas convenientemente no recuerdan a los mapuche exterminados en la denominada “Pacificación”, el derrocamiento de Balmaceda, a los más de 2.000 muertos en Santa María de Iquique, las acciones del Regimiento Esmeralda en la salitrera de San Gregorio, los 500 muertos de la Masacre de Marusia, los 2.000 asesinados en La Coruña, los más de 400 acribillados en Ránquil, los ataques de la Aviación en la población José María Caro, entre otras “gloriosas” acciones que precedieron al infame genocidio iniciado el 11 de septiembre de 1973.

No obstante, debemos recordar a los que sí le trataron de dar algo de gloria y compromiso popular a las Fuerzas Armadas. Debemos reconocer el valor de los soldados y marinos que se mantuvieron leales al Presidente Balmaceda; de los marinos sublevados en 1931 en cuyo manifiesto indicaban que “no apuntarían sus armas en contra de sus hermanos de pueblo”; de Marmaduke Grove alzándose con la Fuerza Área y participando en la República Socialista; de los 74 estudiantes de la Escuela de Ingeniería Naval que realizaron una huelga en 1961 por la mala alimentación y los malos tratos; de los cientos de marinos que en 1973 se levantaron para oponerse al golpe de Estado, siendo torturados por sus propios camaradas de armas; de los cientos de conscriptos, soldados, cabos, oficiales y generales que se negaron a participar de la masacre contra su propio pueblo el 11 de septiembre de 1973.

En fin, esa es la verdadera historia del ejército de Chile y las Fuerzas Armadas, cancerberos de la aristocracia y el capital, verdugos históricos del progreso social y de la clase popular.

4 de julio: Aniversario del verdugo de la democracia y los derechos humanos

#eeuu

El siguiente artículo fue coescrito por Jorge Molina Araneda y Patricio Mery Bell.

Sostenemos como evidentes por sí mismas estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la Vida, la Libertad y la búsqueda de la Felicidad”.

Declaración de Independencia de Estados Unidos

Cuando la élite de la clase dominante colonial de lo que se conocería como Estados Unidos (13 colonias) decidió cortar los lazos con su metrópoli y establecer un Estado independiente para ellos, no lo imaginaron como una democracia. Por el contrario, se opusieron ferviente y explícitamente a la democracia, como la gran mayoría de los pensadores de la Ilustración europea. Para los llamados “padres fundadores”, las masas no solo eran incapaces de gobernar, sino que se las consideraba una amenaza para las estructuras sociales jerárquicas supuestamente necesarias para el buen gobierno. En palabras de John Adams, para tomar un ejemplo revelador, si a la mayoría se le daba poder real, redistribuirían la riqueza y disolverían la “subordinación” tan necesaria para la política. Cuando los eminentes miembros de la clase terrateniente se reunieron en 1787 para redactar una constitución, insistían regularmente en sus debates sobre la necesidad de establecer una república que mantuviera a raya la vil democracia, que se juzgaba peor que “la inmundicia de las alcantarillas comunes”. La nueva Constitución preveía elecciones populares solo en la Cámara de Representantes, pero en la mayoría de los Estados el derecho a voto se basaba en ser propietario, y las mujeres, los indígenas y los esclavos -es decir, la abrumadora mayoría de la población- simplemente quedaban excluidos de aquellas prerrogativas. Los senadores fueron elegidos por los legisladores estatales, el presidente por los electores elegidos por los legisladores estatales, y el Tribunal Supremo fue designado por el presidente. Cuando la república estadounidense llegó a ser rebautizada como una “democracia”, no hubo modificaciones institucionales significativas para justificar el cambio de nombre. En otras palabras, el uso del término “democracia” para referirse a una república oligárquica simplemente significaba que se usaba una palabra diferente para describir el mismo fenómeno básico. Poco a poco, el término “democracia” pasó a utilizarse como un término de relaciones públicas para cambiar el nombre de una oligarquía plutocrática. Mientras tanto, continuó sin cesar la esclavitud y la expansión colonial.

El análisis indica, según un estudio de Martin Gilens y Benjamin Page, que “las elites económicas y grupos organizados que representan intereses comerciales tienen impactos independientes sustanciales en la política del gobierno de los EE. UU., mientras que los ciudadanos promedio y los grupos de interés basados en las masas tienen poca o ninguna influencia independiente. Los resultados proporcionan un apoyo sustancial para las teorías de la dominación económica-elite […], pero no para las teorías de la democracia electoral mayoritaria”.

Para tomar solo un ejemplo de la gran cantidad de formas en que Estados Unidos no es, y nunca ha sido, una democracia, vale la pena destacar su asalto constante a los movimientos de poder popular. Desde la Segunda Guerra Mundial, se ha esforzado por derrocar a unos 50 gobiernos extranjeros, la mayoría de los cuales fueron elegidos democráticamente. Asimismo, de acuerdo con Wiilliam Blum en Deadliest Export, Estados Unidos interfirió groseramente en las elecciones de al menos 30 países, intentó asesinar a más de 50 líderes extranjeros, lanzó bombas en más de 30 países e intentó suprimir movimientos populistas en 20 naciones. El récord en el frente interno es igual de brutal. Para tomar solo un ejemplo paralelo significativo, hay amplia evidencia de que el FBI ha sido ocupado en una guerra encubierta contra la democracia.

Comenzando al menos en la década de 1960, y probablemente hasta el presente, extendió sus operaciones clandestinas anteriores contra el Partido Comunista, comprometiendo sus recursos para socavar el movimiento independentista de Puerto Rico, el Partido Socialista de los Trabajadores, el movimiento por los derechos civiles, movimientos nacionalistas, segmentos del movimiento pacifista, el movimiento estudiantil y la Nueva Izquierda en general. Considere, por ejemplo, el resumen de Judi Bari sobre su asalto al Partido Socialista de los Trabajadores: “Desde 1943-1963, el caso federal de derechos civiles Socialist Workers Party v. Attorney General documenta décadas de allanamientos ilegales del FBI y 10 millones de páginas de registros de vigilancia. El FBI pagó a unos 1. 600 informantes 1,680,592 de dólares y utilizó 20.000 días de escuchas telefónicas para socavar la organización política legítima”.

En el caso del Black Panther Party y el American Indian Movement (AIM), ambos fueron intentos importantes de movilizar al pueblo para desmantelar el poder y la opresión estructural de la supremacía blanca; el FBI no solo se infiltró en ellos y lanzó horribles campañas de desestabilización, sino que asesinó a 27 Panteras Negras y 69 miembros de AIM, y sometió a incontables personas a la lenta muerte por encarcelamiento.

Debemos abrir las puertas de la historia y escudriñar la fundación y evolución de la república imperial estadounidense. Esto no solo nos permitirá despedirnos de sus mitos de autocomplacencia, sino que también nos brindará la oportunidad de resucitar y reactivar tanto de lo que han tratado de borrar. En particular, hay una América radical justo debajo de la superficie de estas narrativas nacionalistas, una América en la que la población se organiza de manera autónoma en activismo indígena y ecológico, resistencia radical negra, movilización anticapitalista, luchas antipatriarcales. Es esta América la que la república corporativa ha tratado de erradicar, al tiempo que invierte en una campaña expansiva de relaciones públicas para cubrir sus crímenes bajo la falsa pátina de democracia.  Si somos perspicaces como para reconocer que los Estados Unidos no son democráticos hoy, no seremos tan ingenuos para pensar que alguna vez lo fue.

Los denominados Estados canallas (Rogue State) o su reactivación con “el eje del mal” (Axis of evil) es una expresión peyorativa utilizada en las relaciones internacionales para referirse a aquellos países que amenazan la paz y estabilidad mundial.

Estos Estados se caracterizan por contar con un régimen autoritario, en no respetar los derechos humanos, auspiciar el terrorismo y proveerse  de armas de destrucción masiva. Los países que forman parte de esta lista actualmente son Irán, Siria y Sudán. Algunos críticos acusan al concepto de “Estados canalla” o “eje del mal” debido a que hace referencia simplemente a cualquier Estado que se oponga a los Estados Unidos, pero que no necesariamente constituye en sí, una amenaza global. Arabia Saudita, cumpliría con todos los requisitos para ser considerado como uno, aunque no es etiquetado como tal, por ser una aliado estratégico del país norteamericano. Otros acusan a Estados Unidos de ser él mismo un estado canalla, cuya política exterior es frecuentemente catalogada de tener el mismo tipo de  brutalidad y arbitrariedad de aquellos a quienes él caracteriza bajo ese concepto. 

El economista Edward S. Herman apoya la idea de que el concepto es aplicable a Estados Unidos porque esté ejerce la tortura, interviene militarmente sin el consentimiento de las Naciones Unidas, apoya dictaduras según su conveniencia y no cumple con el protocolo de Kioto sobre la contaminación. Noam Chomsky ha afirmado que “Estados Unidos es un estado Terrorista» y que “EE.UU. es uno de los principales Estados terroristas del mundo según su propia legislación«. Chomsky afirma que está comprobado que los líderes de este país nunca operan sujetos a las leyes. Según un estudio realizado por el activista James Lucas, EE.UU ha matado a más de 20 millones de personas en 37 naciones víctimas que han sido objeto de su política injerencista.

Además, siguiendo a la académica Pasqualina Curcio, más de 41.500 personas murieron el año 2020 en EE. UU., no precisamente por causa del Covid-19, fallecieron víctimas de disparos. En plena pandemia, se registraron 592 tiroteos masivos en el mencionado país del norte, algo así como 1,6 enfrentamientos armados cada día. En 2019 fueron 415. Las ventas de armas de fuego batieron récord en 2020, 23 millones en menos de un año, 64% más que las ventas registradas en 2019 cuando se registraban más armas en manos de civiles estadounidenses que habitantes: la relación era 120,5 armas por cada 100 habitantes. Más de 8 millones que compraron armas en 2020 lo hicieron por primera vez (Fundación Nacional de Deportes de Tiro). Por otro lado, no fue solo George Floyd quien murió asfixiado mientras un policía presionaba, con la rodilla, su cuello. Según datos de Mapping Police Violence, 316 afrodescendientes murieron a tiros por la policía de EE. UU., lo que representa el 28% de las 1.127 personas asesinadas por los cuerpos de seguridad con armas de fuego en 2020.

A raíz de tal atrocidad, cientos de protestas contra el racismo se dieron en el país norteamericano dejando un saldo de más de 10.000 manifestantes arrestados, entre ellos 117 periodistas. De acuerdo con The Guardian, los policías golpearon y rociaron con gas pimienta a los reporteros. En cambio, solo el 2% de los policías involucrados en tiroteos fueron acusados de delito.

William Foege, el exdirector del Centro de Enfermedades Contagiosas de ese país, calificó de masacre lo que el gobierno de EE. UU. ha desencadenado por su incompetencia para contener el virus. Por su parte, The Washington Post calificó las acciones del gobierno de EE. UU. con respecto a la pandemia como «asesinatos autorizados por el Estado» donde «los ancianos, los trabajadores de las fábricas y los afroamericanos e hispanoamericanos» son deliberadamente sacrificados”.

Ni siquiera el derecho a la educación ha sido garantizado. El acceso a internet es fundamental para la prosecución educativa en pandemia. No obstante, en el país con el supuesto mayor avance tecnológico del mundo (después de China) 17 millones de niños viven en hogares sin conexión a internet y más de 7 millones no tienen computador (Censo de 2018).

La desigualdad y por lo tanto la pobreza y el hambre en EE. UU. aumentaron en 2020. Más de 50 millones de personas, es decir, el 17% de la población sufrió de inseguridad alimentaria el pretérito año, es decir, no tenía que comer, de ellos 1 de cada 4 niños (Feeding América). Recordemos que, en 2019, según la Oficina de Censos, 40 millones de estadounidenses vivían en condición de pobreza y más de medio millón carecía de refugio permanente, cifras que aumentaron en pandemia (Informes sobre la violación de DDHH en EE. UU. elaborados por la Oficina de Información del Consejo de Estado de China).

Alrededor de 20,5 millones de estadounidenses perdieron sus empleos durante la pandemia y la tasa de desocupación llegó a 21,2%. Paradójicamente, en menos de 12 meses, los 614 multimillonarios de ese país aumentaron su riqueza en US$ 931.000 millones (Forbes) gracias a las políticas del gobierno que estuvieron orientadas a la protección del mercado bursátil. Los 50 estadounidenses más ricos tienen tanta riqueza como los 165 millones de personas más pobres del país (Bloomberg).

En cuanto a la población migrante, en 2020 murieron 21 personas bajo custodia de inmigración. De los 266.000 niños migrantes detenidos y separados de sus padres o familiares, más de 25.000 han sido detenidos durante más de 100 días, 1.000 por más de un año y algunos han pasado más de cinco años bajo custodia. Varios solicitantes de asilo fueron amenazados y obligados a firmar sus propias órdenes de deportación, aquellos que se negaron fueron ahogados, golpeados, rociados con gas pimienta y esposados para tomar sus huellas dactilares (ONU, 2020).

A pesar de los múltiples llamados hechos por Naciones Unidas solicitando el levantamiento de las denominadas sanciones durante la pandemia, el gobierno de EE. UU. intensificó el bloqueo financiero y económico contra Cuba, Irán y Venezuela, por mencionar algunos países.

Estados Unidos vive hablando hasta el hartazgo de la no-proliferación de armas nucleares por parte de países sospechosos (IIrán, Corea del Norte), pero se permite tener la mitad del arsenal atómico del mundo: 6.000 misiles intercontinentales de los 12. 000 que existen en el planeta. Y mientras condena a los gobiernos de Teherán o de Pyongyang por sus avances en materia nuclear, sin la más mínima vergüenza equipa a Israel con el mismo tipo de armas que fustiga furioso en otros (400 bombas atómicas, oficialmente inexistentes). Castiga a los gobiernos que se da el lujo de calificar de dictatoriales y a los golpes de Estado…., siempre y cuando constituyan obstáculos a su hegemonía: Fidel Castro, Muamar Gadafi o Nicolás Maduro se presentan como “dictadores”, según su lógica, pero no lo eran Pinochet o Suharto. Y la doble moral llega al colmo de criticar cuartelazos -siendo que todos los golpes militares en Latinoamérica son, en definitiva, producto de su inspiración- mientras en lo doméstico ha tenido infames golpes palaciegos: el de Kennedy con magnicidio incluido. Habla de terrorismo mientras protege a connotados mercenarios terroristas como Luis Posada Carriles, autor de un acto infame en contra de un avión comercial en vuelo con 76 muertes. Continúa torturando a mansalva en cárceles secretas, y no tan secretas, como en la oprobiosa base de Guantánamo en la isla de Cuba, o la tristemente célebre prisión de Abu Ghraib, en Irak.

Si de terrorismo se trata, los “fanáticos musulmanes” que aterrorizan al mundo “libre y civilizado” (Al-Qaeda, el Estado Islámico), son su creación. “¿Qué significan un par de fanáticos religiosos si eso nos sirvió para derrotar a la Unión Soviética?”, dijo alguna vez Henry Kissinger. Habla interminablemente de las bondades del libre mercado y el parasitismo del Estado, pero subsidia su producción agrícola nacional y traba el libre comercio haciendo jugar al Estado un papel fundamental en el mantenimiento del equilibrio de la gran empresa a través de su intervencionismo. Cada vez que alguna de sus grandes corporaciones multinacionales está en apuros (Lehman Brothers, General Motors Company, por mencionar algunos casos), su Estado sale al rescate. Privatiza las ganancias, pero socializa las pérdidas, haciéndole pagar al resto del mundo las mismas, con emisión inorgánica de su moneda. Habla de la ley para luego saltarla impunemente, como demuestra cada vez en forma más marcada su abandono de los mecanismos civilizados de resolución de conflictos de la humanidad como la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional (CPI) o los diversos tratados internacionales que desconoce. Ya lo decía uno de sus exfuncionarios, John Bolton (exconsejero de seguridad nacional), hace ya algunos años: “si es necesario bombardear el edificio de la ONU, lo haremos”.

Caso #Assange: el testigo clave del FBI admite falso testimonio

Julian Assange, el prisionero más famoso en Occidente, está encarcelado en Londres desde abril de 2019. Estados Unidos reclama suextradición por publicar documentos secretos sobre operaciones militares en Irak y Afganistán. El material filtrado por la denunciante Chelsea Manning, incluidos los videos de supuestos crímenes de guerra, lo había puesto Assange en Internet en 2010 en su plataforma de divulgación Wikileaks.

La principal acusación, presentada bajo el mandato de Donald Trump, es la divulgación y presunta puesta en peligro de las fuentes de inteligencia. Sentencia máxima teórica: 175 años. En enero de 2021, un tribunal de Londres se negó a extraditar a Assange alegando, entre otras cosas, que existía riesgo de suicidio. Según el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, Nils Melzer, el deterioro de su salud es también consecuencia de las condiciones de la prisión en Gran Bretaña.

Sin embargo, el tribunal se negó a ponerlo en libertad bajo fianza, por un supuesto riesgo de fuga. Pero ahora hay un rayo de esperanza para Assange, porque un testigo igualmente importante y turbio de la acusación se ha retractado de sus acusaciones contra el fundador de Wikileaks, según el periódico islandés “Stundin”. Sigurdur Ingi Thordarson había afirmado en un principio que Assange le había pedido que espiara a los políticos y pirateara los ordenadores.

Acusaciones contra Assange son “artificiosas e infundadas”

El islandés, implicado en actividades delictivas, se ha retractado ahora de estas declaraciones. Eran ficticias, dijo, y las había hecho a cambio de garantías de inmunidad judicial por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. y la Oficina Federal de Investigación (FBI).

Diputados del Bundestag se sienten alentados en su lucha por la liberación de Assange: “Las últimas revelaciones sobre acusaciones de hackeo inventadas por un testigo clave que coopera con el FBI demuestran una vez más que las acusaciones contra el periodista Julian Assange son artificiosas e infundadas”, reza una declaración conjunta de los parlamentarios de todas las facciones representadas en el Bundestag, excepto Alternativa para Alemania (AfD), de extrema derecha.

El fundador de Wikileaks en régimen de aislamiento
Parlamentarios alemanes del grupo de trabajo “Libertad para Julian Assange” hace un llamamiento al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que “ponga fin de una vez por todas al proceso de extradición iniciado bajo la anterior administración de Donald Trump y detenga la persecución del fundador de Wikileaks”. Julian Assange lleva más de dos años en “condiciones similares a la tortura” en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres. Allí tendría que pasar su cumpleaños 50, este 3 de julio, aislado, a pesar de su crítico estado de salud.

Al mismo tiempo, la iniciativa interpartidista pide a la canciller alemana, Angela Merkel, que defienda “firmemente” el fin de la persecución de Julian Assange durante su próxima visita a Washington y que insista en el respeto a la libertad de prensa y de expresión. “Más aún después de que partes importantes de las acusaciones en las que se basa la acusación de Estados Unidos resultaran ser obviamente fabricadas”, subrayó el político de izquierdas Sevim Dağdelen.

“Estado de derecho y escándalo humanitario”

El liberal alemán Djir-Sarai afirmó que el rechazo a la libertad bajo fianza de Assange era “un escándalo constitucional y humanitario en vista de las terribles condiciones de detención”. La administración estadounidense del presidente Biden debería aprovechar la oportunidad para “dejar atrás por completo la era Trump también en este punto”, añadió el democristiano Frank Heinrich. El manejo del caso Assange no es en absoluto compatible con los principios constitucionales, dice el socialdemócrata Frank Schwabe. El “espectáculo” debe terminar inmediatamente debido a la mala salud del fundador de Wikileaks.

Margit Stumpp, diputada de Los Verdes, resume el llamamiento: “La criminalización del periodismo de investigación, que en el caso de Wikileaks ha sacado a la luz horribles crímenes de guerra, torturas y escándalos de corrupción, no solo debilita la democracia y el Estado de Derecho, sino que también socava la confianza de la gente en las instituciones públicas”.

Chilena que perdió la vista por represión policial en protestas, exige justicia

Las fuerzas del orden de #Chile son además de protegidas, alumnas aventajadas de #EEUU

3 de Julio – Fabiola Campillai, una mujer de 36 años que perdió la vista por el estallido de una bomba lacrimógena en su rostro en medio de la represión policial de las protestas que siguieron a un estallido social en octubre de 2019, acudió el viernes a la sede la policía a pedir justicia, pero afirma que no encontró nada.

La represión policial dejó unas 460 víctimas con traumas, lesiones y estallidos de globos oculares. Campillai es una de las dos personas que perdió la vista en ambos ojos.

“Lo que nosotros queremos es justicia. Aquí no hay apoyo, no hay nada”, declaró Campillai luego de reunirse con director nacional de la policía, Ricardo Yáñez, en el edificio institucional. “Él (Yáñez) no dijo nada… Solamente que empatizaba. No nos pidió perdón y no hay un perdón de parte de nadie”, agregó. La mujer acudió al encuentro acompañada de su esposo, de su abogada Alejandra Arriaza y de un diputado.

“Disculpen por no poder hablar, pero hay cosas que a uno le dan mucha pena y que no haya justicia para nosotros es terrible, pero sin duda vamos a seguir luchando”, añadió.

Campillai, madre de tres hijos, es una mujer menuda de cabello negro que al anochecer del 26 de noviembre de 2019 recibió el impacto de la bomba lacrimógena en la frente cuando se dirigía a su trabajo. Además de perder ambos ojos, sufrió fracturas en el rostro y una lesión cerebral.

En la barriada donde se ubica su casa, al sur de la ciudad, más temprano hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías. El policía que le disparó, el excapitán Patricio Maturana, fue detenido a fines de agosto de 2020, aunque un mes después la Corte de Apelaciones cambió la medida por arresto domiciliario.

El juez que lleva el caso amplió hasta septiembre la investigación por solicitud de la defensa del policía, hecho repudiado por Campillai, quien en declaraciones a radio Universidad de Chile señaló que “entendemos que él está cumpliendo un arresto domiciliario y los años de pena que le den se le van a descontar todos estos años que ha estado en su casa tranquilamente, recibiendo su sueldo de carabinero porque él fue sólo apartado de la institución”.

La otra persona que perdió ambos ojos es el estudiante de Psicología Gustavo Gatica, un aficionado a la fotografía que el 8 de noviembre de 2019 fue impactado en la cara por perdigones disparados por la policía en las cercanías de la Plaza Italia, en el centro de la ciudad, que por meses fue el escenario principal de las protestas de los chilenos contra la desigualdad social.

Cuatro informes internacionales —de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— coincidieron en que en Chile se violaron ampliamente los derechos humanos tras el estallido de 2019.

La represión policial continuó hasta marzo de 2020, cuando las protestas en el país sudamericano fueron acalladas por la pandemia desatada por el nuevo coronavirus.

EE.UU. reporta récord de cultivos de coca en #Colombia en 2020

Según el documento las cifras demuestran el aumento del 15 por ciento en las hectáreas de cultivos y un alza del 7.9 en la producción de cocaína en comparación con 2019. Foto: AP

Colombia marcó en el 2020 los niveles más altos de cultivos ilícitos de coca registrados en la última década, al contabilizar 245.000 hectáreas sembradas y 1.010 toneladas métricas.

Los datos se desprenden del informe publicado el viernes por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos (ONDCP por sus siglas en inglés).

Según el documento las cifras demuestran el aumento del 15 por ciento en las hectáreas de cultivos y un alza del 7.9 en la producción de cocaína en comparación con 2019.

De acuerdo a la ONDCP,  Colombia sigue siendo el país con más cultivos de coca en la región Andina, por encima de Bolivia y Perú con 88.200 hectáreas y 39.400 respectivamente.

A pesar de las cifras records, la oficina de control de drogas de la Casa Blanca reconoció los esfuerzos del Gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico, así como los “obstáculos” que tuvo para reducir los cultivos ilícitos como el incremento de “la violencia en áreas rurales” y las altas tasas de contagio de la Covid-19.

Tras conocer el informe de la ONDCP, el presidente Iván Duque anunció que hay una disparidad entre las cifras publicadas por EE.UU. y las reveladas el pasado 9 de junio por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) que indican que el país tiene 143.000 hectáreas de coca, una reducción del 7% durante 2020.

“Dada esta disparidad en las cifras de la ONDCP y de la UNODC, los técnicos de ambos países y de las Naciones Unidas las revisarán para identificar aquellos criterios metodológicos necesarios para armonizar para el próximo ciclo de medición”, indicó Iván Duque en un comunicado.

Confirman asesinato de lideresa Diana Jaramillo en #Colombia

La Democracia que desea #EEUU y la #UE para Cuba , Venezuela y Nicaragua.

Jaramillo Henao y las otras dos víctimas fueron metidas en bolsas y dejadas en zona pública en Copacabana y Bello.

Diana estaba dedicada al trabajo comunitario en el Barrio 5 Estrellas de La Gabriela, municipio de Bello, Antioquia.

La ONG colombiana Proceso Social de Garantías denunció que Diana Jaramillo Henao, lideresa dedicada al trabajo comunitario en Bello, Antioquia fue una de las víctimas fatales del triple homicidio que ocurrió en el norte del Valle de Aburrá el fin de semana pasado.

Jaramillo Henao y las otras dos víctimas fueron metidas en bolsas y dejadas en zona pública en Copacabana y Bello.

Diana estaba dedicada al trabajo comunitario en el Barrio 5 Estrellas de La Gabriela, municipio de Bello, Antioquia, reportó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Llaman cobarde a Marco Rubio por comentario el día de los padres

Marco Rubio fue llamado “cobarde” por el padre de una víctima de un tiroteo en Parkland después de que el senador republicano culpó de todos los males sociales del país a la “falta de padre”.

Rubio, en un tuit para conmemorar el Día del Padre el domingo, alegó que “miles de millones en gastos gubernamentales no sustituyen a la paternidad”, en comentarios que fueron ampliamente ridiculizados.

“Cada problema social importante en Estados Unidos puede estar relacionado con la falta de un padre”, escribió el senador. “Dondequiera que los padres involucrados sean raros, la crisis seguramente seguirá”.

Fred Guttenberg, el padre de una víctima de un tiroteo en Parkland, fue uno de los muchos que criticaron al senador de Florida por sus comentarios sobre la “ausencia de padre” y señalaron la insurrección de enero.

“¿WTF está mal contigo Marco Rubio? ¿Estás diciendo que a todos los insurrectos del 6 de enero les faltaron padres? ”, escribió Guttenberg sobre el motín, que dejó cinco muertos y decenas de heridos.

Guttenberg, cuya hija adolescente fue víctima del tiroteo en la escuela en Parkland, Florida, en febrero de 2018, acusó a Rubio de cobardía en el tema del control de armas.

El senador, cuyo estado natal es Florida, dijo inmediatamente después del tiroteo en Parkland que los controles de armas “no lo habrían impedido”.

Guttenberg escribió: “Más cerca de casa, ¿estás diciendo que el impacto de la violencia armada en los estadounidenses se debe a la falta de padres? No Marco, es por cobardes como tú”.

A esto le siguió el superviviente del tiroteo en Parkland, David Hogg, que escribió sobre Rubio: “Millones en dinero de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) no sustituyen a un alma”.

Hogg, un activista por el control de armas, se refería a las donaciones del grupo de defensa de armas a Rubio.

Decenas de personas también criticaron a Rubio por sus comentarios sobre la “ausencia de padre”, y el senador republicano fue acusado de misoginia y homofobia.

Citando a sus dos madres, el representante demócrata Omari Hardy escribió sobre Rubio: “Mis dos madres y yo queremos que sepas que eres un payaso”.