Chile. A un año de que Manuel Rebolledo muriera arrollado por un camión militar, la investigación sigue sin presentar avances

(Chile, EEUU, Brasil, Colombia, Ecuador, etc, son los mismos Gobiernos Fascistas)

El Ciudadano

Casi un año después del atropello de Manuel Rebolledo, no hay ninguna diligencia hecha para el caso, más allá de declaraciones de funcionarios, los videos e informes de la PDI.

Manuel Rebolledo Navarrete, falleció el 21 octubre del 2019, luego de ser arrollado por un camión militar conducido por un infante de Marina en la población Libertad de Talcahuano, y tras casi un año de este suceso la investigación no refleja avances significativos.

Eran pasadas las 18 horas de la tarde del 21 de octubre de 2019 cuando Manuel comenzó a correr con dos amigos por una cancha de tierra ubicada en un costado de la Avenida Gran Bretaña, en Talcahuano.

El grupo se disponía a participar en una manifestación del estallido social cuando un camión de la Armada salió de la calzada y, a exceso de velocidad, fue detrás de ellos. El joven de 23 años, también conocido como “El Polera”, cayó al suelo y murió casi instantáneamente tras ser arrollado por el vehículo.

El arrollamiento de Manuel se produjo a las 18:44 en la Avenida Gran Bretaña, tal y como muestra un video grabado por cámaras exteriores de una empresa pesquera ubicada en la misma calle, difundido por Interferencia y Resumen.

En las imágenes, cuya exhibición ha generado –según el abogado defensor– una «falsa y distorsionada interpretación de los hechos, se ve cómo el vehículo persigue a gran velocidad a varias personas y arrolla a Manuel Rebolledo.

“Llegó al lugar un vehículo militar de alto tonelaje con infantes de marina en su interior […] acercándose a la pesquera”, señala la querella presentada por la familia, citada por El Desconcierto.

“En pocos segundos, Manuel se percata de aquello y corre, saliendo del recinto y cruzando la avenida Gran Bretaña, direccionando su actuar hacia la población Talcahuano. Y es allí cuando, segundos después, es atropellado por el vehículo militar de alto tonelaje”, añade el texto. Según el papá del joven, del mismo nombre que el hijo, “los militares que iban arriba del camión gritaban ‘los vamos a matar’”.

El atropello de Manuel Rebolledo es una de las ocho querellas presentadas por el INDH por homicidio, de un total de 2.499 interpuestas por el organismo hasta mediados de septiembre. Una cifra que, por ahora, solo ha dejado a 68 imputados, de los cuales cuatro son miembros de las Fuerzas Armadas y los otros 64 de Carabineros.

¿Accidente o atropello intencionado?

El 22 de octubre, un día después de la muerte de Manuel, el infante de marina Leonardo Medina Caamaño fue formalizado como autor de un cuasidelito de homicidio, que se castiga con una pena máxima de tres años y un día de cárcel.

La Fiscalía solicitó el arraigo nacional y la firma quincenal como medidas cautelares, pero como el imputado no tiene antecedentes penales, si fuese declarado culpable podría cumplir su pena en libertad. Apoyado por la institución armada, Medina retomó sus funciones.

Según Leonardo Medina se trató de un accidente cuando intentaba controlar un saqueo a Congelados Pacífico.

«Mi teniente me señala que tuviera cuidado, ya que venían tres individuos por mi costado, por mi lado derecho. Dos de esos corren por detrás del camión. Uno de ellos por delante. Frené, esta persona [Manuel Rebolledo] resbaló. No lo vi más. El camión, una vez que frené, siguió deslizándose como unos metros. Al detenerse bajé enseguida a ver a la persona, vi que estaba en la parte posterior derecha del camión boca abajo. Lo giré, le tomé el pulso, tenía pulso, le saque la capucha que llevaba puesta. Aprecié que tenía sangre en el lado izquierdo de su cara y en el oído. Se llama a la ambulancia, y luego se desarrolla el procedimiento tendiente a resguardar a la víctima que lamentablemente falleció», indicó Medina en su declaración, consignada por The Clinic.

Sin embargo, la familia del joven discrepa de esta versión, alega una conducta dolosa en el actuar del uniformado y solicita que el Ministerio Público recalifique los hechos y se reformalice a Medina por un homicidio doloso o voluntario, que se castiga con entre 10 y 15 años de privación de libertad.

“La manera como el conductor conduce el vehículo, como lo guía, la velocidad a la que iba, el no frenar ni detenerse, el abandonar la calle y subirse a un sitio eriazo”, son factores que, según el abogado querellante, Marcelo Villena, inducen a pensar que el atropello fue intencionado.

“El imputado esquiva, con el vehículo militar, los tres neumáticos posicionados en la avenida Gran Bretaña, tomando la calzada. Luego, avanza por lo menos unos cincuenta metros, para dirigirse a gran velocidad directamente hacia la víctima y dos personas más”, indicaron los padres de Manuel en su denuncia.

«El querellado pudo haber frenado el vehículo militar, o bien, aplicando sus conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de vehículo, haber esquivado a la víctima, con la misma agilidad de que da cuenta al esquivar a los neumáticos, cuestión que no hizo y que demuestra claramente su actuar consciente y voluntario en el atropello de nuestro hijo”, subrayaron.

Luisa y Manuel califican el comportamiento del militar de “violento, desproporcionado y doloso” y creen que “supo y quiso” causar la muerte de su hijo.

También señalan que las imágenes revelan que una primera ambulancia acudió al lugar del siniestro, pero su funcionario se limitó a levantar la mano de Manuel, sin llevar a cabo ningún procedimiento de reanimación. Simplemente, dejó el cuerpo en el suelo. “Podemos deducir que ya estaba muerto”.

También revelan que fueron los funcionarios de la segunda ambulancia que se presentó al lugar, quienes finalmente recogieron a su hijo y lo trasladaron.

Las investigaciones no avanzan

Casi un año después del atropello de Manuel, no hay ninguna diligencia hecha para el caso, más allá de declaraciones de funcionarios, los videos e informes de la PDI.

“No hay pruebas concretas ni con rigor científico”, denunció el abogado Villena, quien insiste en la necesidad de determinar aspectos claves para la investigación.

«Todavía hay diligencias que no se han tomado, declaraciones que no se han tomado. Por ejemplo, el cálculo de la velocidad en la que venía el camión, cuántos metros tuvo para frenar, cuándo Manuel se resbala y se cae; una serie de cuestiones que son muy importantes y que aún no se han tomado. Pericias que con las medidas sanitarias no hay ningún problema que se pudieran tomar”, dijo citado por CNN Chile.

No se entiende cómo un camión persigue a una persona por 50 metros a toda velocidad, en un sitio eriazo, gigante. Y por eso es importante la reconstitución de escena. Se puede ver que hay espacio suficiente para haber frenado, para haber doblado. En cambio, el camión también pudo haber matado a otras dos personas. Y me da vergüenza que no se haya acercado ninguna autoridad a su familia, ninguna autoridad militar, a pedir disculpas, o a dar apoyo”, indicó por su parte Roberto Pino, fundador del colectivo “Justicia para Manuel Rebolledo”.

Para este miércoles 30 de septiembre estaba prevista la reconstitución de escena y la realización de varios peritajes, pero por cuarta vez la Fiscalía la suspendió por causa de la pandemia, y la cita hasta los momentos no se ha vuelto a agendar.

A la espera de concretarse una nueva fecha para practicar las pruebas, Luisa y Manuel no desmayan en su cruzada para que se haga justicia en el caso de su hijo.

Los padres del “El Polera”, han denunciado las “burlas”que han tenido que soportar de la policía cuando visitan la animita de su hijo:

“Hacen sonar la bocina y hacen señales con las manos. Se burlan. Nos ha pasado muchas veces”, condenó Luisa, para quien «la justicia no hace su pega» , por lo que está decidida a luchar para que se esclarezca cómo le arrebataron la vida a su hijo y los responsables de ello paguen con cárcel.

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6,4% de los venezolanos que regresan desde Colombia están contagiados por Covid-19

Aporrea.

19.07.20 – Un 6,4% de los más de 70.946 connacionales que han retornado al país, por vías legales y cumpliendo con los protocolos epidemiológicos, está contagiado con Covid-19, es decir, 4.559 personas.

La cifra la aportó el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, durante la reunión de la comisión presidencial para el control del Covid-19, quien apuntó que la mayoría de estos venezolanos entraron a nuestro territorio desde Colombia.

En tal sentido, advirtió que, de acuerdo al porcentaje que manejan las autoridades, entre 3.000 y 4.000 compatriotas que retornaron de forma ilegal por las trochas, desde Colombia, también pueden estar contagiados de coronavirus y no se han sometido a los protocolos epidemiológicos.

Rodríguez advirtió que si el Gobierno Nacional no hubiese establecido estrictos controles sanitarios y una cuarentena radical, en un periodo de 21 días el número de contagios se podría haber elevado a 21.000.

Por su parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló que a los 70.946 venezolanos que han retornado de manera legal a nuestro territorio se les han dado todas las garantías en cuanto a atención médica, alimentación y albergue, mientras cumplen con el periodo de cuarentena en los Puestos de Atención Social Integral (Pasi) dispuestos en los municipios fronterizos.

«Hemos dado atención cristiana, humana y solidaria», expresó.

Por otra parte, indicó que las trochas ilegales están controladas por narcotraficantes, paramilitares y por el Gobierno de Colombia, con el fin de contaminar a nuestro país con el Covid-19.

«Están enviando a los connacionales por trochas para infectar a ciudades y estados, es un plan para infectar a Venezuela a través de los trocheros, por eso hay que alertar al pueblo», dijo el jefe de Estado.

Durante la reunión de la comisión presidencial intervino el comandante estratégico operacional, Remigio Ceballos, quien informó que las Zonas Operativas de Defensa Integral (Zodi) han interceptado a 1.136 personas que entraban de manera ilegal y sometidas a los protocolos sanitarios.

Asimismo, se han inspeccionado 97 trochas y destruido 21 pasos ilegales, de los cuales 19 eran vehiculares. «Estamos en continuo patrullaje y vigilancia», aseveró.

Y el narco ahí…


semana.com
Sin duda, en el país se evidencia una supremacía del dinero del narcotráfico sobre la política; esa política clientelista que tiene capturadas las regiones, que sustenta su deber ser en los terratenientes -muchos, testaferros de los narcos- y poderes sucios establecidos.
¿Qué es lo que ven? ¿Están viendo algo parecido a lo que veo yo? El video es como un sinfín, la historia se repite una y otra vez y el relato no cambia, es el mismo de siempre desde la década de los años setenta cuando no eran aún los dineros de la cocaína los que financiaban campañas sino los de la “Bonanza marimbera”, es decir la marihuana.
La política tradicional clientelista, corrupta y adicta al dinero fácil, encontró en los narcos una colosal fuente de financiación y embriagados en un nihilismo negacionista de valores morales y éticos, los han utilizado por décadas a tal punto que les permitieron adueñarse, por ejemplo, de un banco, el de los trabajadores, y poner presidente de la república en los años noventa.
“Si a uno se le mete un elefante a la casa, pues tiene que verlo…En la campaña hubo dineros de un origen supremamente dudoso”, sentenció en su momento monseñor Pedro Rubiano y hoy esa concluyente metáfora se repite en cabeza del presidente Iván Duque.
Los narcos de siempre y de hoy siguen presentes en la política, siguen siendo los proveedores de millones de dólares para financiar campañas presidenciales, comprar curules en el Senado y la Cámara de Representantes y, con cómplices poderosos, se camuflan en diversas actividades económicas del país. El narco ahí, parodiando al inolvidable Jaime Garzón, asesinado precisamente por el narco paramilitarismo que también puso presidente.
Relatos que se repiten. A Santiago Medina, el tesorero de la campaña a la presidencia de Samper, lo responsabilizaron del ingreso de los miles de millones provenientes de los narcos de Cali y encontraron en el anticuario el perfecto chivo expiatorio; lo mismo hicieron con Cayita Daza (asesora UTL del senador Álvaro Uribe), a quien también pillaron en unas narcograbaciones conversando con el Ñene Hernández, reconocido narco de la costa norte, consiguiendo dineros para financiar la campaña del presidente Duque; a ella le dijeron que asumiera su responsabilidad y para evitar el impacto del narcoescándalo la Fiscalía miró para otro lado y la dejó fugar para Estados Unidos. Todos se lavan las manos para ocultar una verdad impostergable: los narcos siempre, desde los años setenta, incidieron, y lo hacen hoy, en la política colombiana.
La supuesta gran diferencia en votos con que Duque derrotó a Petro en la segunda vuelta presidencial no tardó en establecerse por qué se había logrado. Apareció el dinero del narcotráfico comprando votos, además de financiar la campaña. El presidente calla pero a medida que se conocen más grabaciones más conocemos los colombianos de la verdadera importancia del narco Ñeñe Hernández, en la campaña; en la última grabación revelada por los periodistas Martínez y Guillén, el Ñeñe dice, embriagado de euforia etílica: “Tenemos presidente, hijueputa”.
No es el candidato de la Colombia Humana el engañado o estafado electoralmente, somos los colombianos que fuimos a la urnas a depositar nuestro voto libremente. El presidente Duque debe una explicación que aún no ha dado. Un solo voto comprado por los narcos, es una elección fraudulenta, es una estafa, es una burla, eso no tiene vuelta de hoja.
Sin duda, en el país se evidencia una supremacía del dinero del narcotráfico sobre la política; esa política clientelista que tiene capturadas las regiones, que sustenta su deber ser en los terratenientes -muchos, testaferros de los narcos- y poderes sucios establecidos. No es posible ocultarlo. Por eso existen el extinto Ñeñe Hernández, Memo Fantasma y los más de 200 “cartelitos”; por eso no nos debe sorprender que funcionarios del actual gobierno sigan siendo requeridos por la justicia para que expliquen sus relaciones con el narcoparamilitarismo, como es el caso de la exministra y hoy consejera de los derechos humanos Nancy Patricia Gutiérrez.
Por supuesto que en el oficio hay políticos decentes, pero un buen número de esos políticos han hecho del narcotráfico su propio partido, lo llevan a la vanguardia y, como tal, con ese delito dirigen y controlan el Estado.

Colombia, el ariete de Donald Trump para derrocar a Nicolás Maduro

RT

A principios del pasado mes de junio, la Embajada de EE.UU. en Bogotá informaba que 45 militares de élite de la Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB) de las Fuerzas Armadas Estadounidenses se desplegarían en Colombia para «ayudar en la lucha contra el narcotráfico». Comenzaban a sobrevolar los fantasmas del pasado –las torturas, los asesinatos, el apoyo a las sanguinarias dictaduras…–, los temores del presente –el insistente intento de derrocar Venezuela– y los recelos internos por la otanización del país. 

La embajada norteamericana afirmó que la misión de SFAB en Colombia constituía «una oportunidad de mostrar nuestro compromiso mutuo contra el narcotráfico y el apoyo a la paz regional, el respeto de la soberanía y a la promesa duradera de defender los ideales y valores compartidos». 

Una decisión ilegal y desafortunada 

Una explicación que no pareció convencer a muchos, pues el senador Iván Cepeda, opositor a Iván Duque, calificó la presencia militar norteamericana como invasora y hostil. A los tribunales tampoco pareció convencerles, pues una jueza del departamento de Cundinamarca ordenó suspender las actividades de la unidad militar y solicitó la remisión de toda la información al Senado de la República en un plazo de 48 horas. 

En el mejor de los casos, se trata de una decisión desafortunada por muchos factores, como la regresión que sufre Colombia en la pacificación de la lucha armada desde que Iván Duque llegara al poder. Parte de las FARC retornaron a la lucha el año pasado debido a los incumplimientos de los acuerdos de paz firmados con Juan Manuel Santos, a lo que se suma el conflicto todavía latente con el ELN, el cual se compone de unos 3.000 a 4.000 guerrilleros y ha ganado terreno desde el abandono de las FARC. 

Por si fuera poco, el arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, ha aseverado que el Gobierno de Iván Duque tiene una «venganza genocida» con los procesos de paz de Juan Manuel Santos. Manifestaciones que rápidamente fueron calificadas por la Iglesia colombiana como personales y desautorizadas por el uso de la palabra ‘genocida’. 

Otanización de Colombia 

El escenario es todavía más complejo de lo que pudiera parecer, pues Colombia está viviendo un proceso de otanización que pudiera ser solo el comienzo de la integración militar de América Latina a la organización armada de Estados Unidos. Y es que Colombia se convirtió en mayo de 2018 en el primer socio global de la Alianza del Atlántico Norte en Latinoamérica, lo que le convierte directamente en enemigo de los enemigos de la OTAN, y OTAN es sinónimo de Estados Unidos. Por tanto, esta ‘asociación’ introduce a Colombia en un campo de batalla geopolítico y militar de forma innecesaria. 

Así, en diciembre de 2018, Iván Duque criticó las maniobras militares conjuntas de Venezuela con Rusia y, en enero de este mismo año 2020, Colombia participaba en unas maniobras conjuntas con 115 militares de la 82º División Aerotransportada del Ejército Estadounidense en la Base Militar de Tolemaida, en el departamento de Tolima. La ‘asociación’ engrasaba la maquinaria militar. Más allá de las múltiples quejas por la pérdida de soberanía que suponían para Colombia y el riesgo de generar inestabilidad en la región, cabría recordar las palabras de Juan Manuel Santos en mayo de 2018: «No vamos a participar en operaciones militares de la OTAN».

 

De fondo, derrocar a Venezuela 

Sin embargo, la relación con Colombia no solo tiene como intención última la integración y subordinación militar de toda América Latina, sino también el derrocamiento de Venezuela. Basta un análisis a nivel mundial para comprobar con qué frecuencia la OTAN convierte en socios a aquellos países que limitan con sus enemigosArabia Saudí junto a Irán; Irak y Afganistán entre Irán y China; Mongolia entre Rusia y China; Corea del Sur y Japón junto a China y Corea del Norte; y ahora Colombia junto a Venezuela, países que comparten 2.200 kilómetros de frontera. Solo Australia y Nueva Zelanda podrían catalogarse como socios naturales de la OTAN por sus vínculos históricos, el resto de socios solo son una suerte de arietes para derrocar gobiernos opuestos. Demasiadas casualidades geográficas. 

El interés de derrocar al Gobierno venezolano va más allá de lo casual, pues Donald Trump ha asegurado públicamente en varias ocasiones que se trata de un objetivo norteamericano de primer nivel. Incluso cuando Jair Bolsonaro obtuvo el Gobierno de Brasil se llegó a especular con una operación militar conjunta liderada por militares latinoamericanos. La ridícula ‘Operación Guaidó’, que parece que terminará como un juguete roto de Estados Unidos, confirma, junto a la ya histórica patochada calificada como ‘Operación Gedeón’, que Colombia se ha convertido en el ariete de Estados Unidos para derribar a Nicolás Maduro

Y es que hace solo tres meses, a comienzos de mayo, tuvo lugar la ‘Operación Gedeón’, la última de las más estrambóticas operaciones militares de golpe de Estado contra Nicolás Maduro, superando con creces la fracasada asonada de Juan Guaidó, quien derrocó a gobierno sin derrocarlo y dio un golpe militar sin militares en abril de 2019. Así, el 3 de mayo desembarcaron en playas de Caracas, Chuao y Macuto decenas de golpistas que no tardarían en ser apresados. Al poco, quedaban públicamente señalados los participantes y promotores, como la compañía norteamericana Silvercorp y personal cercano a Juan Guaidó, Leopoldo López y otros opositores… pero también el centro de operaciones: Colombia. 

Porque de las posteriores investigaciones resulta irrefutable que Colombia es el centro de estos movimientos golpistas:

la celebración de múltiples reuniones en Bogotá; el concierto de febrero de 2019 junto a la frontera colombiana, la residencia en el norte de Bogotá desde 2019 de Jordan Goudreau, exboina de Silvercorp responsable de la ‘Operación Gedeón’; la detención en el aeropuerto de Bogotá de Antonio Sequea con pasaporte falso a finales de 2019; la detención del teniente Figueroa Fernández en una zona fronteriza con Colombia… Los golpistas venezolanos tienen en Colombia un santuario y un centro de operaciones, mientras que Estados Unidos ha encontrado en el país dirigido por Iván Duque una cabeza de puente para derrocar a Nicolás Maduro e integrar y subordinar militarmente a toda América Latina. 

 

Objetivo: acabar con la guerrilla 

Pero no toda Colombia conspira para derrocar a Venezuela y ello es un problema para los norteamericanos. Y también una explicación a la presencia militar en Colombia. De hecho, no es casualidad que hace unas pocas semanas, a mediados de junio, los Estados Unidos ofrecieran 10 millones de dólares por información sobre dos exlíderes de las FARC… por vínculos con el narcotráfico. Justo la misión que tenían encomendada los 45 militares de élite de la Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB). Casualidad que queda todavía más en evidencia si tenemos en cuenta que, tanto ‘Jesús Santrich’ –Seuxis Hernández Solarte– como ‘Iván Márquez’ –Luciano Marín Arango–, los dos exguerrilleros por los que Estados Unidos ofrece la millonaria recompensa, abandonaron el escaño obtenido tras el acuerdo de paz a mediados de 2019 y anunciaron poco después su retorno a la lucha armada. Una lucha armada contraria al derrocamiento de Nicolás Maduro. 

Pareciera que Estados Unidos busca eliminar guerrilleros opuestos a que Colombia sirva de ariete norteamericano para derrocar el Gobierno venezolano, en lugar de narcotraficantes, aunque si tenemos en cuenta los últimos acontecimientos, como la violación de una niña indígena por varios militares colombianos o la reaparición de los falsos positivos –2.248 asesinados según la Fiscalía entre 1998 y 2014 y más de 4.000, según asociaciones–, lo que más urge en el Ejército colombiano no es asesoramiento sobre la lucha antidroga, sino sobre Derechos Humanos.

Colombia. Gustavo Petro desconoce a Duque por asociación con el narcotráfico y llama a desobediencia civil

por HispanTV

El congresista y ex candidato a la presidencia nacional por sectores progresistas, Gustavo Petro, desconoce el Gobierno de Iván Duque, señaló que ganó los comicios de 2018 con ayuda de la mafia.

Apareció la mafia y con su dinero untado de sangre de líderes sociales compró masivamente a unos y a otros”, ha dicho Petro, del movimiento Colombia Humana, este lunes en una entrevista con W Radio.

El diputado ha hecho estas declaraciones luego de salieran a luz audios sobre la compra de votos durante las pasadas elecciones y que involucra al presidente Duque con el narcotráfico y con un empresario extranjero en el caso llamado “Ñeñepolítica”.

En las grabaciones se habla de un hipotético ingreso de dinero ilícito en la campaña de Duque para que ganara en el departamento de La Guajira. El escándalo político ha salpicado al mandatario colombiano, cuya imagen va en caída libre desde hace varios meses, haciendo que su aprobación roce el 23 %.

El presidente Duque es ilegítimo, por lo que no podemos reconocerlo”, ha remarcado Petro, quien también asegura que tomará acciones judiciales ante organismos internacionales; sin embargo, subraya que el campo de acción más importante es la conciencia de sus conciudadanos.

Petro también ha apuntado que “un presidente ilegítimo lleva a su país hacia el matadero y por tanto la sociedad debe actuar, esa es la desobediencia civil. (…) Estamos viendo si el comité del Paro lanza esa propuesta porque no se puede obedecer a un presidente ilegítimo”, ha insistido, matizando que su manifiesto “no lleva a la anarquía social, sino a salvar vidas”.

Colombia Humana, ha agregado el congresista, no reconoce la legitimidad del actual presidente de Colombia ni su fórmula vicepresidencial también “hundida hasta el fango” en evidentes nexos con el narcotráfico.

En los comicios de mayo de 2018, Duque, candidato de Centro Democrático, consiguió más de 10,3 millones de sufragios mientras que su rival, Gustavo Petro, logró algo más de ocho millones.

Ese mismo año, el entonces candidato presidencial Petro denunció ‘fraude electoral’ en la primera vuelta de las elecciones.

FARC denuncia asesinato número 216 de excombatiente en Colombia

@PartidoFARC

Según el partido FARC, estos asesinatos son expresión de una doctrina de seguridad que los señala como enemigo interno.

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció este martes el asesinato número 216 de uno de sus excombatientes, James Andrés Montaño, de 30 años de edad.

“216 asesinatos son resultado de una doctrina de seguridad que nos señala como enemigo interno. Unos escupen odio y otros nos matan”, expresó la fuerza política en sus redes sociales.

El excombatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) había desaparecido desde el pasado 2 de julio, cuando se encontraba solo en una embarcación en el trayecto entre Puerto Colón y San Miguel, en Putumayo.

La víctima era natural del municipio de Orito y su cuerpo fue encontrado flotando en el río San Miguel.

El partido FARC ha reiterado el llamado al Gobierno del presidente colombiano Iván Duque que cumpla con los Acuerdos de Paz y garantice la seguridad de los exinsurgentes que se comprometieron con la pacificación del país.

“Iván Duque tiene que responderle al país, a la comunidad internacional y a la paz por su incumplimiento y falta de garantías”, expresó la senadora por el partido FARC, Victoria Sandino.

¨MATARIFE¨ O LA HISTORIA DE UN PUEBLO QUE SE EXTERMINA A SI MISMO.

#Fascismo



Daniel Mendoza Leal solo quiere que Colombia entienda que allí reinan los criminales. A viva voz lo dijo en una de las tantas entrevistas que protagoniza por estos días. Ahora, su nombre es uno de los más mencionados dentro de la esfera pública colombiana y el motivo se exterioriza todos los viernes alrededor de las siete de la tarde cuando se transmite por vía Whatsapp y redes sociales la miniserie Matarife, un genocida innombrable, cuyo guion fue de su autoría.
 
El éxito de la producción, estrenada el 22 de mayo, se dilucida tras la exposición del supuesto prontuario criminal del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) que lo vincula a la corrupción, el narcotráfico, el paramilitarismo, asesinatos selectivos, matanzas masivas y hasta espionaje electoral.
 
Con más de 100 investigaciones en su contra, de las cuales permanecen abiertas 84, de acuerdo con Telesur, el líder del partido Centro Democrático continúa libre, porque-comenta Mendoza Leal-su poder omnímodo en Colombia ha evitado su merecida captura y enjuiciamiento.
 
La serie de 50 capítulos ya grabados completamente es un documental histórico que se basa en entrevistas, documentos y expedientes judiciales, declaraciones de testigos ante entidades oficiales, notas periodísticas de diferentes medios y documentales.
 
Aunque escéptico sobre las consecuencias que tendrá Matarife… en los procesos judiciales que Uribe enfrenta, Mendoza prefiere creer que con la serie puede influir en la conciencia colectiva, esa misma que Galeano pedía rescatar porque “la América Latina no solo sufrió el despojo del oro, del salitre y del caucho, del cobre o del petróleo, sino también sufrió la usurpación de la memoria”.
 
La idea -dijo Mendoza- es que la gente entienda que hay crímenes que deben ser investigados y que no podemos seguir en manos de un narcotraficante, relacionado directamente con los paramilitares y causante de muertes de líderes sociales, campesinos, sindicalistas y opositores de los últimos treinta años”.
 
Más de 700 mil suscriptores en su canal de YouTube corroboran el éxito del audiovisual que muestra, con su relato, los hilos conductores a un punto en común: Uribe; frente a una audiencia que, según el guionista, conoce los hechos aislados y de manera difusa.
 
Antes que la serie tuviera nombre, el adjetivo matarife ya se vinculaba a Álvaro Uribe, a través de un conjunto de publicaciones del periodista Gonzalo Guillén, quien fue acusado por el exgobernante, y representado en el proceso por Daniel Mendoza.
 
La respuesta del Centro Democrático se concretó con el anuncio de que realizará, a su turno, una serie de documentales para mostrar la realidad del expresidente y su legado. Mientras, el abogado Abelardo de la Espriella, quien representa a Uribe, también informó acerca del emprendimiento de procesos judiciales “contra todos los partícipes de ese espacio difamatorio”.
 
Tras el estreno de la serie, las críticas de los uribistas no pecaron de tardías al intentar eliminar los episodios en Internet e incluso cerrar vías de difusión y redes sociales para evitar la viralidad del contenido, panorama que confirma la certeza del periodista colombiano Alberto Salcedo Ramos cuando al ser interrogado sobre la definición de Colombia, entre otros argumentos, respondió: “Colombia es un país de élites rancias, enquistadas en el poder (…) es un país donde los magnates pueden acostarse tranquilos porque saben que no habrá una revolución del pueblo contra ellos; porque ese pueblo está demasiado ocupado exterminándose a sí mismo”.

Denuncian que soldados asesinaron a dos campesinos colombianos

#Fascismo

CNA.

 

El CNA exigió “se investigue de manera urgente lo ocurrido” e hizo responsable al Gobierno del presidente Iván Duque.

La asociación Coordinador Nacional Agrario (CNA) denunció el sábado el asesinato de dos campesinos a manos de soldados, que participaron en un operativo de erradicación forzada de cultivos en el departamento de Putumayo, ubicado en la parte meridional de Colombia.

En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, la organización no gubernamental (ONG) explicó que el viernes pasado soldados y policías llegaron al corregimiento de Teteyé (vereda La Caucasia), municipio de Puerto Asís, Putumayo, a realizar labores de erradicación forzada.

“Según información de las comunidades, estas maniobras han sido perpetradas usando armas de fuego y armamento represivo. Como consecuencia de ese accionar (…) se conoce del asesinato de dos campesinos y 3 heridos (dos con disparos)”, relató el CNA.

Explicó que “la embestida del Estado” sucedió en momentos en que los grupos campesinos de la zona se disponían a retomar las jornadas de discusión en el marco de la Mesa de Diálogo para la Sustitución Autónoma y Voluntaria de Cultivos de Coca, constituidas con las autoridades en 2019.

El CNA exigió “se investigue de manera urgente lo ocurrido” e hizo responsable “al gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque”.

Subrayó que los operativos de erradicación forzada «violatorios de los derechos humanos» se enmarcan en el tratamiento de guerra dado por el Gobierno nacional al campesinado que se ha visto obligado a cultivar hoja de coca.

“El Estado colombiano se centra en perseguir a los cultivadores de hoja de coca, omitiendo el perseguir a los grande capos, a los capitales e inversiones del narcotráfico y a militares y políticos financiados por dinero producto de esta economía ilegal”, denunció la asociación campesina.

Atribuyen al Ejército de Colombia asesinato de líder social

#Abajoelfascismo

Telesur.

Campesinos de la comunidad de Filo Guambo afirmaron que Salvador Jaime «fue asesinado por el Estado». 

Habitantes de la comunidad de Filo Guambo, en el norte de Santander, Colombia, cuestionaron este jueves los hechos que le quitaron la vida al líder social, Salvador Jaime, el pasado 27 de junio y señalaron a miembros del Ejército Nacional como presuntos culpables.

Mediante un video publicado por la Asociación Campesina del Catatumbo en su cuenta oficial de la red social Twitter los residentes de la zona se refirieron a Salvador Jaime «como una persona honesta que trabajaba por los derechos y la comunidad de Filo Guambo». 

En tal sentido, respaldaron su inocencia y afirmaron que Salvador «fue asesinado por el Estado. Nosotros como dirigencia comunal y social, y todo el pueblo que nos respalda, decimos que Salvador era un inocente que fue asesinado por el Estado», enfatizaron.

Los miembros de la comunidad Filo de Guamo, en el municipio Teorama, aseguran que soldados pertenecientes a la Fuerza de Tarea Vulcano, del Ejército Nacional, fueron los responsables del asesinato de Salvador Jaime Durán, de 22 años, miembro de la Junta de Acción Comunal de Filo Guamo, vereda del corregimiento El Aserrío.

En 2019 las autoridades demostraron que uniformados de ese mismo batallón asesinaron a Dimar Torres, desmovilizado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), hecho que podría repetirse, según los locales. 

El Ejército colombiano se ha manifestado al respecto y ha pretendido vincular a la víctima con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ante ese pronunciamiento, los miembros de la comunidad exigieron a la Fiscalía General ser imparcial en la investigación de los hechos y a la vez dar garantías al campesinado ante la ola de crímenes contra los líderes sociales.

«Hoy le exigimos a la Fiscalía General que sea imparcial en el caso, a que nos den garantías para el campesinado colombiano, para el campesinado de Catatumbo y para toda la dirigencia porque hoy nos están matando impunemente», afirmaron. 

Los campesinos del Catatumbo también exigieron a las fuerzas militares dejarles dedicarse a su trabajo en el campo, social y comunal de manera pacífica, mientras los familiares y amigos de Jaime Durán esperan se haga justicia sobre el crimen que le arrebató la vida

Colombia: Asesinato de líderes sociales ha aumentado un 30%

Telesur.

Según Indepaz desde el 2 de enero al 27 de junio del 2020, al menos 150 líderes sociales fueron asesinados en Colombia.


De acuerdo a la Fundación Ideas para la Paz (FIP) entre enero y mayo de 2020 aumentaron un 30 por ciento los asesinatos de líderes sociales en Colombia en relación al mismo período del año pasado.

“Los homicidios de líderes sociales continúan con una tendencia al alza; aumentaron un 30 por ciento a nivel nacional”, indicó la fundación en una infografía difundida en las redes sociales este jueves.

Según la FIP en los cinco primeros meses del 2020 se han registrado al menos 61 homicidios contra líderes sociales, así como 37 casos en municipios donde se desarrollan los programas con enfoque territorial y 22 en donde está activo el programa de sustitución de cultivos ilícitos.

Entre los meses de enero a mayo de 2019 la fundación registró 47 asesinatos de líderes sociales

Por su parte el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señaló que desde el 2 de enero de este año al 27 de junio, al menos 150 líderes sociales fueron asesinados en Colombia.

Del total de asesinatos registrados por Indepaz, 50 pertenecían a comunidades indígenas, 54 eran campesinos y ocho afrodescendientes.

Indepaz indicó que seis familiares de líderes sociales fueron asesinados entre enero y abril de este año, todos  en el departamento del Cauca.

El 30 de junio el Partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció que 214 firmantes de paz fueron asesinados.

«Alertamos que estamos ante el ataque a un grupo nacional que tiene especial protección del Derecho Internacional Humanitario por ser firmantes de un acuerdo de paz; el sueño de una paz estable y duradera no puede seguir cobrando la vida de quienes le apostaron a ella», afirmó FARC.