Telesur.
Con una política exterior dedicada a seguir con su conducta desestabilizadora contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, dotados de gobiernos “inaceptables” para la idea hegemónica de Washington, con fracaso tras fracaso en sus acciones golpistas, los servicios de inteligencia estadounidenses, sus agencias de trabajo de zapa se concentraron en la Bolivia administrada por Evo Morales, consiguiendo, finalmente su caída.
El principal objetivo por el cual Estados Unidos se ha esforzado en controlar a Bolivia es para obtener acceso directo e ilimitado a sus amplísimas riquezas naturales, que bajo el mandato del expresidente Evo Morales fue declarado tesoro nacional de todo el pueblo boliviano. Conducta que explica que durante los 14 años de mandato presidencial, el líder indígena haya disfrutado del más alto de nivel de confianza en la ciudadanía boliviana. Facilitado también por soluciones efectivas de su gobierno, no sólo promesas, en el ámbito de problemas socioeconómicos, especialmente dirigido a dar satisfacción a las necesidades de los sectores más desposeídos, especialmente la población indígena, que representa el 55 por ciento de los ciudadanos de la República.
Como parte del gobierno del expresidente Evo Morales, el actual candidato a la presidencia de Bolivia por el MAS, el economista y catedrático Luís Arce Catacora fue Ministro de Economía entre los años 2006 al 2017 y algunos meses del año 2019 y bajo su gestión, con acciones consideradas hábiles y profesionales pudo garantizar, que en los últimos ocho años la economía nacional creciera anualmente con un promedio de un 5 por ciento, las reservas de oro y divisas aumentaron significativamente y se mantuvo la inflación en cero. Es esa constatación la que genera confianza en la dupla presidencial boliviana conformada por el mismo Luis Arce y David Choquehuanca.
La dupla del MAS tiene una tarea difícil pero no imposible considerando que tras la victoria de Evo Morales en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de octubre del año 2019 y que fue reconocida por un gran número de países y potencias mundiales como legítima, también incluyó la oposición de Estados unidos y aliados regionales que incluso previo a las elecciones ya tenían definido el no reconocer el triunfo de Evo Morales, como ha ido comprobándose en investigaciones periodísticas que han demostrado que en la elección presidencial no hubo fraude y que el trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue parte del plan desestabilizador generado desde Washington.
Efectivamente, la presión de Washington y la Organización de Estados Americanos (OEA) presidida por su secretario general Luís Almagro, considerado el más pro estadounidense que haya tenido esta organización regional; lograron generar un escenario político comunicacional donde se impuso la acusación de fraude contra las elecciones, además de un marco de presión que incluyo amenazas y acciones de violencia que hicieron temer incluso por la vida de Evo Morales, familiares y cercanos, que impidió realizar la segunda vuelta presidencial y concretar la renuncia del expresidente Evo Morales Ayma.
Como resultado de esa política destructiva de Washington, Suramérica generó un foco más de inestabilidad artificial, fomentada por las acciones del Gobierno estadounidense y el llamado Grupo de Lima. La instalación de un Gobierno de facto en Bolivia, que ha mostrado deseos de mantenerse en el poder, aprovechando los efectos del Covid 19 y el apoyo de Washington, hace pensar que es muy probable que existan protestas sociales masivas, como las que recientemente se han expresado en el escenario político y social en Colombia, Chile, Ecuador, cuyos gobiernos, al igual que el de Jeanine Añez en Bolivia, descuidan la resolución de los problemas apremiantes de la ciudadanía, en pos de mantener un poder cada día más frágil.
El ejemplo de Chile puede dar luces respecto al efecto multiplicador del rechazo a políticas económicas, digitadas desde Washington y organismo financieros internacionales. Los hechos que desde octubre del año 2019 hasta marzo del año 2020 – sólo frenados por la pandemia del Covid 19 – sacudieron el país suramericano, administrado por un gobierno de derecha, que en virtud de seguir obcecadamente en la estrategia implementar a rajatabla un modelo perjudicial, para los intereses de gran parte de la población, que auguran más protestas y el agravamiento de la situación del estado y sus ciudadanos.
En Bolivia, la situación política ha adquirido tintes de una lógica complejidad, por las candidaturas en competencia pero, sobre todo porque una eventual victoria de la candidata de estados Unidos para las elecciones del 6 de septiembre, Jeannine Añez, con toda la injerencia financiera, política, intromisión de agencias estadounidenses, compra de votos, campañas difamatorias contra el MAS e incluso sacarlos de la carrera política, visualizan una profunda crisis social post elecciones.
La apuesta de Estados Unidos es mantener el control del Ejército Boliviano, tal como lo consiguieron para exigir la renuncia de Evo Morales , para seguir utilizándolo como instrumento interno, para lograr su objetivos políticos, que puede conducir a un aumento del papel del liderazgo militar, con posibilidades también de generar tensiones externas y un aumento de las tensiones entre los países de la región, en virtud de las disputas territoriales de larga data, que incluyen a Chile, Perú y Paraguay.
Un Ejército que ha sido beneficiado ampliamente por el Gobierno de Añez, de tal manera de contar con su apoyo: beneficios sociales, salariales, incluyendo un decreto de amnistía que exime a los oficiales militares y policiales de responsabilidad por los asesinatos cometidos durante las manifestaciones masivas de los partidarios del ex presidente Evo Morales tras su renuncia tras la asonada cívica-militar Recordemos que en noviembre del año 2019 se contabilizaron, según la defensoría penal, 32 personas asesinadas por disparos de las fuerzas militares y policiales.
Una situación que mereció declaraciones de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet en cuyo informe tras las manifestaciones en Bolivia señaló que “La crisis postelectoral del año pasado causó al menos 35 muertes y 800 heridos, la mayoría ocurridas durante operaciones del Ejército y la Policía” expresando además la preocupación del organismo por el “procesamiento” de exfuncionarios del Gobierno y personas relacionadas con la Administración del expresidente de Bolivia Evo Morales.
Las elecciones del 6 de septiembre – fijadas así por el Tribunal Supremo Electoral – no deberían ser modificadas, por más que el deseo de Añez y los sectores que la apoyan lo han manifestado. Una decisión saludada incluso por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres quien aplaudió la decisión del TSE, para que los comicios generales pendientes se realicen el 6 de septiembre, haciendo un llamado a los partidos políticos y las autoridades para que cooperen plenamente en la celebración de elecciones pacíficas, transparentes e inclusivas” informó la representación en La Paz del organismo internacional.
Las encuestas indican que el candidato del MAS, Luis Arce obtendría la victoria en la primera vuelta, quedando la incógnita respecto al porcentaje de diferencia, de tal forma que haga innecesario el balotaje.
Una victoria de la dupla Arce-Choquehuanca, según sus adherentes, colocaría nuevamente en mejor posición a la población indígena, tal como aconteció bajo el mandato de Evo Morales. Una victoria que implica la posibilidad cierta de mejorar sus problemas sociales, las cuestiones relacionadas con la representación política en el poder y el respeto a las costumbres de un pueblo que en el marco democrático volvería al camino de la estabilidad y el desarrollo progresivo dejando atrás el temor al caos.
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Alma Cubanita 