Aspectos clave de la revolución de colores en curso en #Nicaragua.

Publicado por Alma

Por William Serafino

Ya son varios días de manifestaciones violentas en la nación centroamericana. Tanto el perfil del mensaje político como el comportamiento de los medios, además del empleo de métodos insurreccionales de protesta y por la propia historia de un país ocupado e intervenido por Estados Unidos en distintas oportunidades, indican que estamos en la presencia de un nuevo intento de cambio de régimen bajo el formato de revolución de colores. Con respecto a los objetivos y su pragmática global, nada nuevo. Socavar la paz de Nicaragua y fabricar las condiciones internas para una etapa de acoso geopolítico, se dibujan como los propósitos inmediatos de la operación.

Insurgencia 2.0

Roberto López, presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, anunció el lunes 16 de abril una serie de reformas con el fin de aumentar los aportes de trabajadores y empleadores a la seguridad social; también informó sobre la creación de un tributo especial a las pensiones del 5%.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) fue la primera organización de peso en rechazar los anuncios debido a que generaba “incertidumbre” y limitaba la creación de empleos por parte del sector privado.

Que específicamente este sector haya sido el primer doliente debería decirnos bastante sobre el cuerpo de “demandas” e intereses que inicialmente promovieron las manifestaciones. Un evidente ejercicio de solidaridad de clase. El país todavía hasta ese día estaba en calma total.

Al día siguiente de la información de las reformas surgió una cuenta en Twitter llamada #SOSINSS, el nombre en sí genera dudas sobre la razón particular de vincular la señal internacional de socorro (recurso operativo típico de las revoluciones de colores en redes sociales) con el Instituto de Seguridad Social. Su propio curso de acciones disiparía todas las sospechas 24 horas después.

 

En principio moldearon el sentido político que promovería la agitación. Las publicaciones iniciales construían una narrativa de cohesión ciudadana frente a las reformas, que por medio de un tratamiento selectivo de los impactos, se colocaba en aparente confrontación con el Estado, razón por la cual tenía un sorpresivo sentido de urgencia salir a protestar.

Este relato configuró un esquema de apoyo público inicial en los sectores medios y bajos a los intereses de la clase empresarial que luego se ampliaría hacia los medios locales (El Confidencial, La Prensa, entre otros) y los internacionales (Reuters, BBC, El País, etc.).

Después saltaron a instrumento de movilización y convocatoria. Apartando cualquier responsabilidad, se volcaron como medios de difusión y convocatorias de “plantones” en edificios gubernamentales, y en específico en las sedes del INSS, los cuales se transformarían en los puntos de partida de un violencia callejera en ascenso. Ahora sí se entendía el uso propagandístico del #SOS. Los conatos de protesta iniciaban y la violencia escalada rápida pero focalmente. 

Ver imagen en Twitter

 

 El uso de esta cuenta (Canal 6 Nicaragua) parece haberle permitido a agitadores profesionales y sus nexos con capas de la criminalidad operar con flexibilidad en el terreno, suprimir la identificación con algún frente político ligado con la oposición nicaragüense y por ende con Estados Unidos, y camuflar bajo el ropaje de una acción ciudadana acciones de violencia extrema contra centros de salud, sedes de patrimonio cultural, centros de acopio y sitios gubernamentales. Ya el jueves y el viernes, el país estaba en tensión y trifulcas callejeras.

Los “plantones” no sólo fueron expandiéndose hacia varios puntos de la geografía nacional (en 8 departamentos aproximadamente), sino que fueron mutando progresivamente a cúmulos de violencia extrema donde resalta el uso de armas de fuego no convencionales para intensificar el choque con las fuerzas de seguridad, la alteración de la tranquilidad pública y la vialidad y el ataque armado contra distintos espacios públicos y la ejecución de saqueos a comercios.

La cuenta #SOSINSS, que ya había cumplido su papel como articulador de las protestas y convocante de primera línea en redes sociales, cambió su orden de prioridad hacia el control y direccionamiento del flujo informativo alrededor de los choques. Esto con el fin de glorificar la violencia, situar como víctimas a los actores que protagonizaban los choques con la fuerza pública y servir de fuente primaria para la prensa internacional, un aspecto fundamental en la posterior cartelización de cifras manipuladas en torno a los hechos.

Protestas marca USAID, criminalidad y el discurso del cambio de régimen

Como parte de la cartilla globalizada que describe una revolución de colores, las protestas en apariencia han sido ciudadanas, protagonizadas por los jóvenes y los sectores de la iglesia católica, antipolíticas (sin nexos con partidos tradicionales) y en principio con fines reivindicativos.

Lo que empezó con algunas manifestaciones dispersas en rechazo a las reformas del INSS, adquirió un esqueleto de movimiento ciudadano con vocación al choque callejero y la violencia armada, la clásica mutación de las revoluciones de color en busca de lograr mayores grados de confrontación que debiliten al Estado y lo coloquen en una situación defensiva.

En lo narrativo parece estar la intención de configurar un frente político (posmoderno) donde puedan articularse un conjunto de “demandas” gremiales prefabricadas por la USAID, lo que a su vez contribuye a reflotar la imagen de la oposición ampliando su base de apoyo político hacia “la juventud” y los “descontentos”. Es por esa razón que las protestas tienen un corte juvenil y universitario, son los extras que necesitan para desviar la atención de los grupos armados que inflingen los ataques más graves.

Porque el signo USAID en este nuevo intento de cambio de régimen en Nicaragua no sólo está en el profuso financiamiento que entrega a organizaciones políticas opositoras y ONGs locales, fondos que pudieron tener como destino probable el adiestramiento en tácticas de subversión y guerra urbana. Un total de 31 millones de dólares entregados nada más en 2016 han recibido bajo la cobertura de “Desarrollar las capacidades para la defensa de la sociedad civil”.

Eslogan que puede ser útil para promocionar foros y actividades académicas, pero también para dar asesoramiento en cómo enfrentar a las fuerzas de seguridad y hacer uso de bandas criminales con una presencia notoria en el país.

Este aspecto representa la porción más grande del financiamiento a estas organizaciones gestionado por la USAID en Nicaragua. Esta institución resalta públicamente que el dinero entregado tiene como finalidad desarrollar la gobernanza civil utilizando los medios de comunicación en el país centroamericano.

En nota del 16 de abril el portal Nicaleaks le daba rostro, nombre y apellido a los organizaciones financiadas que promovieron la violencia en las calles: “Esta mañana, los dirigentes de las ONG opositoras, como el Cenidh, CPDH, Fundación Violeta Barrios de Chamorro y Hagamos Democracia, entre otros, así como grupos políticos (FAD, MRS, etc,.) y medios de comunicación como la misma Prensa y Confidencial, amanecieron con los brazos y bolsillos abiertos en espera que la USAID siga destinando dinero para eternizar el estatus de vida que llevan”.

En esa exposición de motivos se ubica la sustancia política marca USAID en el curso de las protestas violentas. Muestra de ello es el Departamento de Estado de EEUU, que para mantener un clima de tensión permanente en las relaciones de EEUU con Nicaragua, emplea una narrativa de promoción de la libertad de expresión, la democracia y de mayor participación de la sociedad civil como condiciones “naturales” que deben imperar, animando claramente a la oposición a socavar el gobierno de Ortega mediante el uso de los medios de comunicación y con manifestaciones violentas. La utilidad práctica de la “gobernanza” a la que se refiere la USAID.

Como si se tratara de una imagen pasando por una fotocopiadora, los primeros “plantones” que rechazaban las reformas del INSS mutaron hacia un movimiento insurreccional que justifica su existencia en las mismas demandas del Departamento de Estado, agregando por supuesto la agenda “anticorrupción” y la ausencia de libertad de expresión, que también provienen de la oferta de productos políticos de la USAID. De un reclamo en apariencia reivindicativo, la razón política de la movilización se trasladó hacia exigencias de cambio político.

Y es que detrás de esa neolengua presentada como escala de valores indispensable para cualquier sociedad (la democracia liberal, la libertad de expresión, etc.), que pasa por encima del contexto cultural y político de cada país, se camuflan los nuevos atributos del poder global: la ampliación de la zona de control y sometimiento sobre el cuerpo social, político, económico e institucional de la periferia, mediante el uso de estructuras privadas (ONGs, medios de comunicación, programas de cooperación económica privada, etc.) que pujen por subordinar desde adentro al Estado y a la sociedad a las preferencias del capital financiero transnacional.

Lo que llaman el poder “blando”.

Geopolítica: Canal Interoceánico, la Nica Act acelera los motores y el poder del “poder blando”

A diferencia de las protestas también violentas del año 2015, dirigidas a simular un escenario de rechazo generalizado al Canal Interoceánico, éstas de 2018 reflejan un cambio de naturaleza por un lado, y por otro, los frutos tangibles de los últimos años de financiamiento de la USAID: el adiestramiento y proliferación de los medios y las redes sociales en Nicaragua fueron armas utilizadas para alterar la estabilidad política del país, quizás por primera vez con ese nivel de eficacia, capacidad y resonancia. 

La clase empresarial por su parte hace suya la violencia en las calles y opera en función de lograr una concesión del gobierno que luego sea vendida como una “victoria del pueblo”. Esto nos deja una fotografía lo bastante nítida para describir la técnica política del golpe blando y/o revolución de colores. Parafraseando: no se busca la caída del régimen por métodos directos, sino a partir del uso de las herramientas culturales, tecnológicas y políticas de la globalización, así como su propio discurso reivindicativo, para provocar un cambio político que no tenga las huellas de un poder extranjero.

Lo sabemos en Venezuela, donde una exigencia reivindicativa (“referendo revocatorio”, “elecciones generales”, etc.) es utilizada como una demanda inalcanzable, pues todo se trata de encubrir bajo un reclamo vestido de ciudadano una agenda de violencia interna y cerco internacional y financiero promovida por Washington. Desde el año 2002.

“Un Estado y una política que no los deja constituirse como ciudadanos y un mercado que no les permite realizarse como consumidores (…) y si pudieran emigrar para mejorar sus condiciones de vida, lo harían”: esto dice una nota publicada en el medio local El Confidencial, quien ha intentado manufacturar un carácter juvenil de las protestas. Más que una acotación al aire, es quizás una demostración de que la política marca USAID tiene una capa social dónde calar culturalmente, pues cobran políticamente las crisis existenciales de la juventud emergente y globalizada, únicamente preocupada por el desarrollo de su “talento individual”, y acomodarse en un lugar de “éxito” dentro de la sociedad de consumo global.

Es la vía del poder blando por donde avanzan los rasgos más distintivos de la destrucción de la conciencia nacional, de su cuerpo social y ético, el sandinismo y el chavismo bajo la misma zona de peligro en lo cultural.

Otro desagradable guiño con Venezuela, por cierto, donde la base opositora (centrada en la clase media) que también fue víctima de la revolución de colores, hoy se debate entre irse del país, pedir una intervención extranjera a gritos o frustrarse a sí misma absteniéndose en las próximas elecciones presidenciales. Todo ese peso mientras siente en carne viva los daños económicos de la agenda posterior que resultó de las convocatorias de movilización y “plantones” que ella respaldó.

Traumas sociales que quedan sin resolver, toda vez que también sirve un activo político para un poder global igual de demente.

El porcentaje de poblaciones de acceso a Internet en el país centroamericano roza apenas el 19%; quedará esperar a ver si más allá de las redes sociales la grieta que dibujan los medios es tal, o si su alcance ya es suficiente para que opere el poder que de verdad financió la violencia.

(Misión Verdad)

 

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