Activismo letal

Publicado por Alma

Imagen: Razones de Cuba

El asesinato de la hondureña Berta Cáceres alertó al mundo sobre la suerte de quienes se oponen al crecimiento de las trasnacionales. (EFE)

Por  Lídice Valenzuela/Cubahora

Aunque varios casos movilizaron a la opinión pública más allá de Centro y Suramérica, suman decenas —aunque todavía no hay cifras confiables— los asesinatos de activistas sociales, indígenas o descendientes, y campesinos en su mayoría, quienes con su vida defendieron sus tierras ante la arremetida neoliberal en esas regiones.

Aunque los casos más conocidos ocurrieron en Honduras, Guatemala, Colombia y México, tradicionales nidos de asesinos a sueldos y grupos paramilitares, en otros países, como Brasil, las cifras identifican a los fallecidos como víctimas de homicidios, venganzas personales, amoríos y otras causas, pero jamás por activismo social o político.

En el entorno violento de desintegración social que trae el neoliberalismo, la muerte revolotea sobre quienes en sus zonas campesinas luchan por mantener, al menos, un lugar de asentamiento, pues la presencia de las trasnacionales conlleva al desalojo y al borde de las carreteras.

Las trágicas circunstancias afloran porque los inversores capitalistas no consultan a los verdaderos dueños de las tierras campesinas e indígenas, y actúan sin poseer licencia social. A los opositores a tales prácticas les espera la cárcel, como a la activista comunitaria argentina Milagro Sala, o la muerte.

Las comunidades afectadas solo tienen como opción la resistencia, que va desde la protesta pública, los cierres de carreteras y desconexiones de la electricidad para paralizar las maquinarias, luego de asambleas con acuerdos consensuados.

Acciones —en uno y otro sentido— que pocas veces, o ninguna, encuentran espacio en los medios de comunicación tradicionales, aunque los movimientos sociales en su conjunto, sobre todo los más cercanos a localidades mayores, cuentan con apoyo alternativo, como boletines, radio comunitaria y redes sociales donde es posible.

De lo que se trata es de criminalizar a los líderes con cárcel o eliminación física para crear el temor entre los campesinos e indígenas, la mayoría incluso poco politizados y que luchan por la supervivencia. Los asesinatos selectivos, las torturas… buscan la intimidación de los afectados y que otros no sigan sus batallas por el respeto a sus derechos humanos.

El asesinato de la hondureña Berta Cáceres, tiroteada mientras dormía, alertó al mundo sobre la suerte de quienes, como ella, se oponen al crecimiento de las trasnacionales, en especial las mineras, en detrimento de los territorios de pueblos originarios e indígenas, a quienes obligan a la inmigración forzada.

Cáceres, cuyo crimen el 3 de marzo de este año sigue impune, a pesar de las promesas de las autoridades hondureñas de encontrar a los criminales. Ella era la coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH) y fue galardonada con el Premio Goldman, conocido como el Nobel del medio ambiente, por su lucha para evitar la construcción de la represa hidroeléctrica de Agua Zarca, situada en el río Gualcarque.

Esta valiente mujer, madre de cuatro hijos, había denunciado una semana antes el crimen de cuatro dirigentes de la COPINH, de quienes poco se habló en los medios.

Poco después, otra líder comunitaria hondureña, Lesbia Yaneth Urquía, integrante del COPINH, fue acuchillada de manera brutal y abandonada en un basurero. Lesbia era una activa militante de la resistencia contra la Represa Aurora I, en el municipio de San José. Este proyecto está directamente vinculado a la vicepresidenta del Congreso Nacional Gladys Aurora Pérez.

En Honduras, casi el 30 % de la superficie nacional está destinada a las concesiones mineras que precisan un elevado volumen de energía eléctrica y agua.

La guatemalteca Brenda Estrada Tambito, asesora jurídica de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala, fue ultimada en julio último; el 8 de junio mataron a Daniel Choc Pop, líder comunitario integrante del Comité Campesino del Altiplano, y el 7 de junio, Víctor Hugo Valdés Cardona, fundador y director de un programa televisivo en la ciudad de Chiquimula, fue victimado en la calle frente a su familia. El número absoluto de los guatemaltecos ultimados en circunstancias similares es desconocido, pues incluso hay decenas de desaparecidos denunciados.

En Colombia la situación no es mejor. Aunque está vigente el Acuerdo Final de Paz que pone fin a una guerra de más de medio siglo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo y los gobiernos consecutivos, no cesan en ese país los asesinatos de los activistas sociales.

El periódico El Espectador indicó que murieron 70 defensores de los derechos humanos, pero hubo 279 amenazas de muerte y 28 atentados. Treinta de los asesinatos ocurrieron bajo el cese al fuego entre las guerrillas y el gobierno de Juan Manuel Santos.

La Organización no Gubernamental (ONG) Somos Defensores, afirmó que, se estima, la responsabilidad de las muertes recae sobre grupos paramilitares dirigidos por elementos de derecha y del narcotráfico.

La ONG señaló en un comunicado que el departamento con mayor incidencia en la eliminación física de líderes sociales es el Cauca, en el suroccidente de esa nación suramericana y, en general, en lugares donde hay respaldo popular a la restitución de tierras.

Humberto Sánchez, alcalde de la región amazónica de San Vicente del Caguán, militante del derechista Partido Centro Democrático, de Álvaro Uribe, es indicado por la represión selectiva contra los líderes comunitarios. El más reciente crimen conocido fue el de Jhon Jairo Rodríguez, destacado miembro del movimiento político Marcha Patriótica.

Asociaciones campesinas, juntas de acción comunal y otras entidades sociales de la zona denunciaron la fuerte presencia militar en el Caguán, donde además aparecieron panfletos y grafitis amenazantes suscriptos por los grupos paramilitares Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Rastrojos Clan Úsuga.

México se duele, este 2016, de la desaparición forzada de 43 estudiantes de una escuela normal en Ayotzinapa, estado de Guerrero, aún en absoluta impunidad luego de dos años de protestas populares.

Analistas estiman que el crimen cometido contra estos jóvenes de entre 18 y 20 años de edad —con inculpados, pero no enjuiciados ni castigados— abrió una Caja de Pandora contra el gobierno de Enrique Peña Nieto, ya que durante la búsqueda de los estudiantes fueron encontradas decenas de fosas comunes con cientos de restos humanos de supuestos desaparecidos vinculados a organizaciones sociales comunitarias.

Solo en Guerrero hay, hasta noviembre pasado, 13 asesinatos de luchadores sociales, de ellos cinco militantes del Partido Comunista de México, indicó la entidad Organismos Defensores de Derechos Humanos de ese país el pasado mes.

¿Quién será la próxima víctima de las trasnacionales? ¿Qué país marcará la pauta?. Termina un año muy difícil para las personas que, desde posiciones de gran humildad, defienden sus derechos. Conscientes del peligro en que sobreviven conocen —como también los organismos vinculantes, nacionales e internacionales— que la vida carece de valor para las oligarquías. Menos aún si es la de una mujer, un negro, un indígena o un campesino.

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